LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK DE 1958: PILAR FUNDAMENTAL DE LA SEGURIDAD JURÍDICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Resumen Ejecutivo

El presente informe de investigación constituye un análisis exhaustivo sobre la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, adoptada en Nueva York el 10 de junio de 1958 (en adelante, la «CNY» o la «Convención»). A lo largo de este documento, se desglosa la arquitectura jurídica, el impacto económico y la relevancia geopolítica de este instrumento, que ha sido ratificado por más de 170 Estados y es universalmente reconocido como la piedra angular del arbitraje comercial internacional.¹

La tesis central que articula este reporte sostiene que la Convención de Nueva York no es meramente un tratado procesal, sino una institución de gobernanza global que mitiga los riesgos transaccionales, fomenta la Inversión Extranjera Directa (IED) y establece un estándar mínimo de justicia comercial que trasciende las fronteras nacionales. Se examinará en detalle la abolición del «doble exequatur», la presunción de validez de los laudos, las causales taxativas de denegación del Artículo V, y la interacción dinámica con las nuevas tecnologías como los Smart Contracts y la Inteligencia Artificial.

1. Introducción: La Arquitectura de la Confianza Global

En el ecosistema del comercio global, la confianza no es un sentimiento abstracto, sino una construcción jurídica. Las empresas multinacionales, los inversores soberanos y los comerciantes transfronterizos operan bajo la premisa de que los contratos serán cumplidos o, en su defecto, que existirá un mecanismo eficaz para forzar su cumplimiento y obtener compensación. Sin embargo, la ausencia de un tribunal comercial supranacional con jurisdicción obligatoria y poder coercitivo universal plantea un dilema fundamental: el riesgo de litigar en foros locales desconocidos, potencialmente sesgados o ineficientes.

La Convención de Nueva York de 1958 surgió como la respuesta definitiva a este vacío institucional. Su éxito radica en haber creado un sistema descentralizado pero armonizado, donde los tribunales nacionales actúan como brazos ejecutores de una justicia privada internacional. Al obligar a los Estados a reconocer los acuerdos arbitrales y ejecutar los laudos extranjeros bajo condiciones estrictas y limitadas, la CNY ha proporcionado la «seguridad jurídica» necesaria para la expansión sin precedentes del comercio mundial en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.³

Este informe aborda la importancia de la CNY desde tres dimensiones críticas:

1. Dimensión Jurídica: Como un tratado que unifica los estándares de validez del acuerdo arbitral y el procedimiento de ejecución.
2. Dimensión Económica: Como un catalizador de flujos de capital e inversión, reduciendo los costos de transacción.
3. Dimensión Política y Social: Como un instrumento de «paz a través del comercio», promoviendo el estado de derecho y el multilateralismo.⁵

2. Antecedentes Históricos: Del Caos al Consenso

Para valorar la magnitud del logro de 1958, es imperativo comprender el contexto previo, caracterizado por la inseguridad y la ineficiencia en la resolución de disputas internacionales.

2.1 La Era Pre-Ginebra y el Fracaso del Doble Exequatur

Antes de la Primera Guerra Mundial, la ejecución de laudos arbitrales extranjeros dependía enteramente de la comity (cortesía internacional) y de las leyes nacionales, que variaban enormemente. En muchas jurisdicciones, las cláusulas compromisorias (acuerdos para arbitrar disputas futuras) eran consideradas nulas por «olvidar la jurisdicción de los tribunales».

La Sociedad de Naciones intentó remediar esto mediante el Protocolo de Ginebra de 1923 y la Convención de Ginebra de 1927. Si bien fueron pasos pioneros, estos instrumentos adolecían de un defecto estructural fatal: el requisito del doble exequatur. Bajo el régimen de Ginebra, para ejecutar un laudo en el País B (donde el deudor tenía activos), el acreedor debía probar primero que el laudo era «final» en el País A (donde se dictó el laudo). Esto obligaba a obtener una orden judicial de ejecución (exequatur) en el país de origen antes de poder acudir al país de destino.⁶

Implicaciones del Doble Exequatur:

• Duplicidad de Litigios: El acreedor debía litigar dos veces sobre el mismo asunto, multiplicando costos y tiempos.
• Localismo: Permitía que los tribunales del país sede anularan el laudo por razones puramente locales o idiosincrásicas, impidiendo su circulación internacional. El laudo quedaba «atado» a la ley procesal de la sede.
• Carga de la Prueba: El peso de probar la validez recaía sobre quien buscaba la ejecución, presumiéndose la invalidez ante cualquier duda.⁸

2.2 La Iniciativa de la CCI y la Conferencia de Nueva York

En 1953, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) presentó un borrador al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) proponiendo una idea revolucionaria: el laudo anacional. La CCI buscaba crear laudos que fueran «internacionales» no solo por el origen de las partes, sino porque estarían desvinculados de cualquier ley procesal nacional.⁹

Aunque la Conferencia de 1958 no aceptó completamente la idea del laudo flotante o «apátrida» (prefiriendo mantener el vínculo con la sede del arbitraje), sí adoptó la innovación más crucial propuesta por los delegados (notablemente el delegado holandés Pieter Sanders): la eliminación del doble exequatur y la inversión de la carga de la prueba.¹¹

El resultado fue un compromiso pragmático: el laudo se considera territorialmente vinculado al lugar donde se dicta, pero su ejecución se facilita eliminando la necesidad de confirmación en origen y limitando drásticamente las causales de rechazo en destino.

Tabla 1: Evolución del Régimen de Ejecución

3. Análisis Exegético: El Ámbito de Aplicación (Artículo I)

El Artículo I es la puerta de entrada al régimen de la Convención y define su alcance con una amplitud deliberada diseñada para maximizar su utilidad.

3.1 Criterio Territorial y Funcional

La Convención aplica en dos supuestos ¹⁴:

1. Criterio Territorial: Laudos dictados en el territorio de un Estado distinto de aquel donde se pide el reconocimiento. Este es el caso clásico: un laudo dictado en París que se busca ejecutar en Nueva York.
2. Criterio Funcional: Laudos que «no sean considerados como laudos nacionales» en el Estado donde se pide su reconocimiento.

Esta segunda categoría fue una innovación crucial para acomodar sistemas legales divergentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, el caso Bergesen v. Joseph Muller Corp. estableció que un laudo dictado dentro de EE. UU. pero entre dos partes extranjeras puede ser considerado «no doméstico» y, por tanto, caer bajo el paraguas protector de la CNY, permitiendo su ejecución bajo las normas federales (Capítulo 2 de la FAA) en lugar de las leyes estatales.¹⁵

3.2 Las Reservas: Reciprocidad y Comercialidad

El Artículo I(3) permite a los Estados formular dos reservas al momento de la ratificación:

• Reserva de Reciprocidad: El Estado aplicará la Convención solo a laudos dictados en otro Estado Contratante. Dado que hoy existen más de 170 Estados Parte, esta reserva tiene un impacto práctico marginal.¹
• Reserva Comercial: El Estado aplicará la Convención solo a diferencias surgidas de relaciones jurídicas consideradas «comerciales» bajo su ley nacional. Aunque el término «comercial» no está definido en la CNY, la tendencia global y la influencia de la Ley Modelo de la CNUDMI han llevado a una interpretación expansiva que abarca casi cualquier transacción económica, desde la compraventa de bienes hasta acuerdos de inversión y licencias de propiedad intelectual.¹⁴

4. La Piedra Angular: El Acuerdo Arbitral (Artículo II)

El Artículo II es fundamental porque establece la obligación de los tribunales no solo de ejecutar laudos, sino de respetar el acuerdo de arbitraje desde el inicio de la disputa.

4.1 El Efecto Negativo del Acuerdo de Arbitraje

El Artículo II(3) impone un mandato imperativo: el tribunal de un Estado Contratante, cuando se le presente una acción en un asunto respecto del cual las partes hayan hecho un acuerdo arbitral, «remitirá a las partes al arbitraje» a solicitud de una de ellas.⁹ Este «efecto negativo» priva a los tribunales estatales de jurisdicción, garantizando la prioridad del foro arbitral. La única excepción es si el acuerdo es «nulo, ineficaz o inaplicable». La jurisprudencia internacional (doctrina Prima Paint en EE. UU., principios de Kompetenz-Kompetenz en Europa) ha interpretado esta excepción de manera muy estricta, favoreciendo que sean los propios árbitros quienes decidan primero sobre su propia competencia.¹⁸

4.2 El Requisito de «Acuerdo por Escrito» en la Era Digital

El Artículo II(2) define «acuerdo por escrito» incluyendo cláusulas firmadas o contenidas en un intercambio de cartas o telegramas.¹⁴ Esta definición de 1958 plantea desafíos evidentes en el comercio moderno realizado por correo electrónico, plataformas digitales o contratos inteligentes (Smart Contracts).

Sin embargo, la Convención ha demostrado una notable resiliencia interpretativa.

• Interpretación Evolutiva: En 2006, la CNUDMI emitió una Recomendación interpretando el Artículo II(2) para incluir las comunicaciones electrónicas que dejen un registro accesible.¹⁹
• Ley Más Favorable (Art. VII): Si la ley nacional del juez (o la Ley Modelo de la CNUDMI adoptada por ese país) tiene una definición más laxa de «escrito» (por ejemplo, aceptando acuerdos orales con confirmación escrita o tácita), el Artículo VII permite aplicar esa norma más favorable en lugar del requisito estricto del Artículo II.²⁰

Esto demuestra cómo la CNY funciona como un «piso» y no como un «techo»: garantiza un estándar mínimo, pero permite a los Estados ser aún más pro-arbitraje.

5. El Procedimiento de Ejecución (Artículos III y IV)

El Artículo III establece el principio de no discriminación y de facilitación procesal. Los Estados no pueden imponer «condiciones sustancialmente más onerosas ni honorarios o costas más elevados» para el reconocimiento de laudos extranjeros que los que imponen a los laudos nacionales.¹⁴

Para iniciar la ejecución, el Artículo IV establece requisitos documentales mínimos y sencillos:

1. El original del laudo debidamente autenticado o una copia certificada.
2. El original del acuerdo de arbitraje o una copia certificada.¹³

Al cumplir estos requisitos simples, se activa la presunción de validez. La carga de la prueba se invierte inmediatamente hacia la parte que se resiste a la ejecución.

Importancia Práctica:

Esta simplicidad elimina barreras burocráticas. Un juez no puede exigir, por ejemplo, que se re-litigue el caso, que se presenten todas las pruebas del arbitraje, o que se obtenga una certificación del tribunal de origen (eliminación del doble exequatur). El laudo se presenta como un título ejecutivo prima facie.

6. Las Defensas contra la Ejecución (Artículo V): El Corazón del Litigio

El Artículo V es la disposición más litigada, ya que contiene la lista taxativa y exhaustiva de las causales por las cuales se puede denegar la ejecución. Ninguna otra razón (como un error de hecho o de derecho por parte de los árbitros) es admisible. Esto consagra la prohibición de la révision au fond (revisión de fondo).¹¹

6.1 Causales a Instancia de Parte (Artículo V(1))

Estas defensas deben ser probadas activamente por la parte perdedora:

• V(1)(a) Incapacidad o Invalidez del Acuerdo: Se refiere a la incapacidad legal de las partes o a que el acuerdo no es válido bajo la ley elegida por ellas. Los tribunales tienden a aplicar el principio de validación (favor validitatis), buscando interpretar la cláusula de manera que sea efectiva.¹⁴
• V(1)(b) Violación del Debido Proceso: A menudo llamada la «Carta Magna» del arbitraje. Protege el derecho fundamental a ser oído y a presentar el caso. Sin embargo, para que prospere, la violación debe ser grave e impedir una defensa real; no bastan meras irregularidades procedimentales menores.⁹
• V(1)(c) Exceso de Mandato (Ultra Petita): Si el árbitro decide sobre cuestiones no sometidas a arbitraje. La Convención permite la separabilidad: se puede ejecutar la parte del laudo que está dentro del mandato y denegar la que excede.¹⁴ La interpretación moderna distingue entre «pretensiones no sometidas» (causal de anulación) y «argumentos legales no planteados» (poder del árbitro iura novit curia), restringiendo el uso de esta defensa.²⁶
• V(1)(d) Composición del Tribunal o Procedimiento Indebido: Si el procedimiento no se ajustó al acuerdo de las partes. Esto reafirma la primacía de la autonomía de la voluntad sobre la ley procesal supletoria de la sede.¹⁴
• V(1)(e) Laudo no Vinculante o Anulado: Si el laudo ha sido anulado por una autoridad competente del país donde se dictó.
• El Debate sobre los Laudos Anulados: Aquí surge una de las divergencias más fascinantes. Mientras que la mayoría de los países rechazan ejecutar un laudo anulado en la sede, Francia (y en menor medida EE. UU. en casos como Chromalloy) ha desarrollado una jurisprudencia que permite ejecutar laudos anulados en el extranjero si la anulación se basó en causales locales no reconocidas internacionalmente. Esto se basa en la idea de que un laudo internacional no pertenece al orden jurídico de la sede, sino al orden jurídico arbitral internacional.²⁰

6.2 Causales de Oficio (Artículo V(2))

El tribunal puede aplicarlas sin petición de parte:

• V(2)(a) Inarbitrabilidad: Si la materia no es susceptible de arbitraje bajo la ley del foro (e.g., derecho penal, estado civil, ciertas cuestiones laborales). La tendencia global es hacia la reducción de las materias inarbitrables; hoy en día, disputas de competencia (antitrust) y propiedad intelectual son comúnmente arbitrables.¹⁴
• V(2)(b) Orden Público (Public Policy): La válvula de seguridad final. Permite denegar la ejecución si es contraria al orden público del foro.
• Interpretación Restrictiva: Para evitar que esta excepción se trague la regla, los tribunales distinguen entre «orden público interno» (reglas imperativas locales) y «orden público internacional» (principios fundamentales de moralidad y justicia). Solo la violación de este último justifica la denegación.²⁴ Por ejemplo, un laudo no se rechaza simplemente por aplicar una tasa de interés ilegal en el foro, sino solo si viola principios básicos como la prohibición de la esclavitud, el fraude o la corrupción.

Tabla 2: Análisis de las Causales de Denegación (Art. V)

7. La Interacción con el Derecho Nacional y la Ley Modelo CNUDMI

La Convención de Nueva York no opera en el vacío. Su eficacia se ve amplificada por la armonización de las leyes nacionales de arbitraje.

7.1 La Ley Modelo CNUDMI como Espejo de la CNY

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL) diseñó su Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985/2006) para complementar la CNY.

• Los Artículos 35 y 36 de la Ley Modelo reproducen casi textualmente los Artículos III, IV y V de la Convención.¹⁶
• Esto crea un doble anillo de seguridad: el juez aplica los mismos estándares ya sea que esté actuando bajo el tratado internacional o bajo su ley doméstica.

7.2 El Artículo VII y la Cláusula de Derecho Más Favorable

El Artículo VII(1) es quizás la disposición más progresista y menos comprendida por el público general. Establece que la Convención no priva a ninguna parte de cualquier derecho que pueda tener para valerse de un laudo arbitral en la forma y medida admitidas por la ley o los tratados del país donde el laudo es invocado.²⁰

Significado: La CNY establece un estándar mínimo de eficacia, pero no un máximo. Si la ley local es más favorable a la ejecución que la Convención (por ejemplo, eliminando requisitos formales o limitando aún más las causales de revisión), el acreedor puede optar por basarse en esa ley local. Esto ha permitido que jurisdicciones pro-arbitraje compitan para ofrecer entornos legales más atractivos, elevando el estándar global sin necesidad de renegociar el tratado.

8. Impacto Económico y Geopolítico

La relevancia de la Convención trasciende lo jurídico y se adentra profundamente en la economía política global.

8.1 Fomento de la Inversión Extranjera Directa (IED)

Existe evidencia empírica que correlaciona la ratificación de la CNY con aumentos en la IED.³³ Los inversores perciben la ratificación como una señal de compromiso creíble (credible commitment) con el estado de derecho. Al reducir el riesgo de expropiación indirecta (vía denegación de justicia en tribunales locales), la CNY reduce la prima de riesgo país, facilitando la financiación de proyectos de infraestructura y energía.³⁴

8.2 Facilitación del Comercio y Reducción de Costos de Transacción

Sin la CNY, las empresas tendrían que exigir primas de precio más altas para cubrir el riesgo de litigio en jurisdicciones extranjeras hostiles, o exigirían garantías bancarias costosas (cartas de crédito confirmadas). La «portabilidad» del laudo arbitral bajo la CNY actúa como una póliza de seguro implícita, fluidificando el comercio internacional y permitiendo que pymes participen en cadenas de valor globales con mayor seguridad.⁴

8.3 Contexto Regional: El Giro Latinoamericano

Históricamente, América Latina fue reticente al arbitraje internacional, aferrándose a la Doctrina Calvo (jurisdicción exclusiva de tribunales locales). Sin embargo, la presión de la globalización y la necesidad de atraer capital llevaron a una adopción masiva de la CNY en las últimas décadas, a menudo acompañada por la Convención de Panamá de 1975 (el equivalente regional de la OEA).³⁵ Países como Brasil, Colombia y Perú han transformado sus sistemas jurídicos, pasando de una hostilidad abierta a ser jurisdicciones pro-arbitraje sofisticadas. La CNY ha sido el vehículo principal de esta modernización jurídica, proporcionando a los jueces locales un marco de referencia internacional para resistir presiones proteccionistas locales.¹⁵

9. La Convención en la Era Digital y Desafíos Futuros

A más de 65 años de su adopción, la Convención enfrenta el desafío de adaptarse a realidades tecnológicas y políticas no previstas en 1958.

9.1 Blockchain, Smart Contracts y Arbitraje Descentralizado

La economía digital introduce la ejecución automatizada (self-executing contracts).

• Arbitraje On-Chain: En sistemas como Kleros o Aragon, la «ejecución» es automática mediante la transferencia de criptoactivos. Aquí, la función coercitiva de la CNY parece innecesaria.
• El Nexo con la CNY: Sin embargo, la Convención sigue siendo vital cuando el mundo digital choca con el físico. Si una parte quiere detener la ejecución automática alegando fraude, o si necesita ejecutar un laudo cripto contra activos físicos (bienes raíces, cuentas bancarias), inevitablemente recurrirá a los tribunales estatales. El desafío será determinar si los protocolos descentralizados cumplen con los requisitos de «acuerdo por escrito» (Art. II) y «debido proceso» (Art. V(1)(b)).³⁶
• Inteligencia Artificial: El uso de árbitros IA plantea dudas sobre la validez de la decisión. ¿Puede una máquina dictar un «laudo» bajo la CNY? Probablemente no bajo la interpretación actual, que asume un juicio humano, pero la asistencia de IA en la redacción de laudos ya es una realidad que los tribunales deberán escrutar bajo la lente del debido proceso.³⁹

9.2 Inmunidad Soberana y Conflictos Interestatales

La ejecución de laudos contra Estados soberanos sigue siendo un punto de fricción. Aunque la CNY aplica a disputas comerciales con Estados, la inmunidad de ejecución (distinta de la inmunidad de jurisdicción) sigue siendo una barrera formidable protegida por el derecho consuetudinario y leyes nacionales. Además, tensiones recientes como el caso Achmea en la Unión Europea muestran cómo obligaciones derivadas de tratados regionales pueden entrar en conflicto directo con la CNY. La postura de la UE de que el arbitraje de inversión intra-UE es incompatible con el derecho comunitario pone a los jueces europeos en la difícil posición de elegir entre cumplir con la CNY (que obligaría a ejecutar el laudo) o con el derecho de la UE (que obliga a anularlo).⁴⁰

9.3 ¿Reforma o Estabilidad?

Académicos como Albert Jan van den Berg han propuesto borradores de reforma (e.g., el «Miami Draft») para modernizar el texto de la CNY.²² Sin embargo, el consenso mayoritario en la comunidad arbitral (ICCA, CNUDMI) es conservador. El riesgo de abrir la «Caja de Pandora» de una renegociación diplomática es demasiado alto; podría resultar en un texto menos liberal que el actual. La estrategia preferida es la adaptación mediante instrumentos de soft law (Guías de la CNUDMI, Directrices de la IBA) y la interpretación judicial evolutiva. La Convención ha demostrado ser un «instrumento vivo», capaz de absorber cambios tecnológicos y doctrinales sin alterar su texto fundamental.¹⁸

10. Conclusiones

La Convención de Nueva York de 1958 se mantiene indiscutiblemente como el instrumento más exitoso del derecho mercantil internacional. Su genialidad no reside en la perfección técnica de cada una de sus cláusulas, sino en su pragmatismo y en el equilibrio que logró entre la soberanía estatal y las necesidades del comercio global.

Al eliminar el doble exequatur y establecer un sesgo pro-ejecución, la Convención transformó el arbitraje de un mecanismo incierto a un sistema de justicia robusto y predecible. Ha democratizado el acceso a la justicia comercial, permitiendo que actores de sistemas jurídicos y niveles de desarrollo dispares resuelvan sus diferencias en un terreno neutral.

En un mundo marcado por la fragmentación y la incertidumbre geopolítica, la Convención de Nueva York permanece como un faro de estabilidad jurídica. Su capacidad para evolucionar a través de la interpretación judicial asegura que seguirá siendo la infraestructura invisible pero indispensable que sostiene la economía global en el siglo XXI. La «seguridad jurídica» que provee no es solo un concepto legal; es el activo intangible más valioso del comercio internacional.

Nota Metodológica: Este informe ha integrado un análisis profundo de fuentes primarias (texto de la Convención, trabajos preparatorios de la ONU) y secundarias (doctrina del ICCA, guías de la CNUDMI, jurisprudencia comparada). Se han contrastado los regímenes de Ginebra y Nueva York para ilustrar el salto cualitativo en la eficiencia procesal ⁶ y se han incorporado las discusiones más recientes sobre tecnología y arbitraje ³⁶ para ofrecer una visión prospectiva.

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38. “On-chain” and “off-chain” arbitration: Using smart contracts to amicably resolve disputes – legal aspects of new technologies – newtech.law, accessed February 1, 2026, https://newtech.law/en/articles/on-chain-and-off-chain-arbitration-using-smart-contracts-to-amicably-resolve-disputes
39. Arbitration 4.0: The New York Convention at the Crossroads of AI and Decentralised Justice, accessed February 1, 2026, https://www.youngicca.org/voices/arbitration-40-new-york-convention-crossroads-ai-and-decentralised-justice
40. Client Alert: Is The U.S. Walking Back Its Commitment to Enforcing Private Parties’ Contractual Rights Against Sovereign States? – Quinn Emanuel, accessed February 1, 2026, https://www.quinnemanuel.com/the-firm/news-events/client-alert-is-the-u-s-walking-back-its-commitment-to-enforcing-private-parties-contractual-rights-against-sovereign-states/
41. Is there a need to reform the New York Convention of 10 June 1958? – Arbitration Academy, accessed February 1, 2026, https://arbitrationacademy.org/wp-content/uploads/2018/07/27.pdf