Convenios Internacionales Clave en el Arbitraje Comercial: Análisis Comparativo de las Convenciones de Nueva York (1958) y Panamá (1975)

I. Introducción

Visión General
El arbitraje comercial internacional se ha consolidado como el método preponderante para la resolución de disputas comerciales transfronterizas. Sus ventajas inherentes, como la neutralidad del foro, la flexibilidad procesal, la confidencialidad y, crucialmente, la ejecutoriedad de los laudos en múltiples jurisdicciones, lo convierten en una opción preferente frente al litigio ante tribunales nacionales.1 La eficacia de este sistema descansa, en gran medida, sobre un marco jurídico internacional robusto que garantice el reconocimiento y la ejecución de tanto los acuerdos de arbitraje como los laudos resultantes. El presente informe tiene como propósito analizar en profundidad los dos tratados multilaterales más influyentes en esta materia: la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (Convención de Nueva York) y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 (Convención de Panamá).
Significado e Importancia
Estos convenios desempeñan un papel fundamental al proporcionar la certidumbre jurídica necesaria para el comercio y la inversión internacionales. Aseguran la «circulación internacional» efectiva de los laudos arbitrales 2, permitiendo que las decisiones arbitrales dictadas en un país sean reconocidas y ejecutadas en otros Estados contratantes con un grado razonable de previsibilidad. La Convención de Nueva York, en particular, es aclamada como uno de los instrumentos fundacionales del arbitraje internacional moderno y uno de los tratados de mayor éxito en el ámbito del derecho mercantil.1 Ambos instrumentos han inspirado confianza en el imperio del derecho y han facilitado la resolución justa de controversias contractuales a escala global.4

II. La Convención de Nueva York (1958): Piedra Angular del Arbitraje Internacional

A. Propósito y Objetivos

Objetivo Principal: El propósito primordial de la Convención de Nueva York (CNY) es establecer normas legislativas comunes para el reconocimiento de los acuerdos de arbitraje y, fundamentalmente, para el reconocimiento y la ejecución de las sentencias (laudos) arbitrales extranjeras y no nacionales. Busca evitar la discriminación contra estos laudos en comparación con los laudos nacionales, creando así un marco uniforme y decididamente favorable a la ejecución a nivel mundial.⁷ La creación de esta infraestructura legal es esencial; sin un mecanismo de ejecución fiable y predecible a través de las fronteras, los laudos arbitrales carecerían de efectividad práctica fuera de la jurisdicción donde se dictaron, limitando severamente la utilidad del arbitraje en el comercio internacional. La CNY proporcionó precisamente ese sistema subyacente que permite la circulación internacional fiable de los laudos.²
Objetivo Secundario: Un objetivo ancilar, pero igualmente crucial, es exigir a los tribunales de los Estados Contratantes que den pleno efecto a los acuerdos de arbitraje válidos. Esto se logra mediante la obligación de remitir a las partes al arbitraje cuando se les presente un litigio sobre una materia objeto de un acuerdo arbitral, defendiendo así la autonomía de la voluntad de las partes.⁵
Metas Amplias: Más allá de estos objetivos técnicos, la Convención busca facilitar el comercio y las transacciones internacionales al proporcionar un mecanismo de resolución de disputas eficaz y fiable.³ Al fortalecer el respeto por los compromisos vinculantes y asegurar un trato justo en la solución de controversias, inspira confianza en el estado de derecho a nivel global ⁴ y establece la «infraestructura» legal indispensable para el arbitraje comercial internacional.²
Contexto Histórico: La CNY fue elaborada bajo los auspicios de las Naciones Unidas (aunque antes de la creación de la CNUDMI/UNCITRAL) ³ y adoptada en una conferencia diplomática en 1958. Representó un avance significativo sobre esfuerzos anteriores, como el Protocolo de Ginebra de 1923 y la Convención de Ginebra de 1927 ¹⁰, que habían demostrado ser insuficientes para superar los obstáculos a la ejecución de laudos extranjeros.⁴ Su redacción se basó en un proyecto inicial preparado por la Cámara de Comercio Internacional (CCI).⁶ Un cambio fundamental introducido durante su redacción fue la eliminación del requisito del «doble exequátur», permitiendo solicitar la ejecución de un laudo sin necesidad de obtener primero una declaración de ejecutoriedad en el país de origen.¹¹
Filosofía Pro-Ejecución: La estructura misma de la Convención refleja una marcada filosofía favorable a la ejecución. Esto se manifiesta claramente en la enumeración taxativa y limitada de los motivos por los cuales se puede denegar el reconocimiento y la ejecución (Artículo V), y en la asignación de la carga de la prueba a la parte que se opone a la ejecución.¹ Este diseño contrasta con regímenes anteriores o alternativos donde la parte que busca la ejecución podría enfrentar una carga probatoria mayor o los tribunales tendrían una discreción más amplia para denegar la ejecución. Esta elección deliberada señala una clara preferencia política por hacer cumplir los acuerdos y laudos arbitrales siempre que sea posible, salvo en casos de defectos fundamentales.
B. Disposiciones Clave

Artículo I (Ámbito de Aplicación): Define el campo de aplicación de la Convención a los laudos arbitrales dictados en el territorio de un Estado distinto de aquel donde se solicita el reconocimiento y la ejecución («laudos extranjeros»). También se aplica a los laudos «que no sean considerados como sentencias nacionales» en el Estado de ejecución («laudos no nacionales»).⁷ La inclusión de los laudos «no nacionales» amplía significativamente el alcance más allá de una definición puramente territorial, abarcando laudos que, aunque dictados localmente, tienen algún elemento de extranjería relevante según la ley del foro.⁷ El Artículo I(3) permite a los Estados formular dos tipos de reservas al adherirse: la reserva de reciprocidad (aplicar la Convención solo a laudos dictados en otro Estado Contratante) y la reserva comercial (aplicar la Convención solo a diferencias derivadas de relaciones consideradas comerciales por su derecho interno).¹
Artículo II (Acuerdo de Arbitraje): Obliga a los Estados Contratantes a reconocer los acuerdos «por escrito» por los cuales las partes se comprometen a someter a arbitraje sus diferencias sobre una relación jurídica definida, contractual o no, susceptible de arbitraje.¹⁰ El párrafo 2 define el «acuerdo por escrito», aunque su interpretación ha evolucionado para adaptarse a las comunicaciones modernas (véase la Recomendación de la CNUDMI de 2006).⁷ El párrafo 3 establece la obligación crucial para los tribunales de remitir a las partes al arbitraje a instancia de una de ellas, salvo que compruebe que dicho acuerdo es «nulo, ineficaz o inaplicable».⁷ Este artículo es vital para asegurar la efectividad del pacto arbitral mismo, impidiendo que las partes lo eludan acudiendo a la litigación ordinaria y consagrando la autonomía de la voluntad.⁵
Artículo III (Reconocimiento y Ejecución): Establece la obligación central para los Estados Contratantes de reconocer la autoridad del laudo arbitral y conceder su ejecución de conformidad con las normas procesales locales, pero sin imponer condiciones «apreciablemente más rigurosas» ni tasas o costas «más elevadas» que las aplicables a los laudos nacionales.³ Este artículo garantiza la igualdad de trato y evita la discriminación procesal contra los laudos extranjeros en la fase de ejecución.⁷
Artículo IV (Requisitos para la Ejecución): Especifica la documentación que debe presentar la parte que solicita la ejecución: a) el original debidamente autenticado del laudo o copia certificada; y b) el original del acuerdo de arbitraje o copia certificada.¹⁰ Si los documentos no están en un idioma oficial del país de ejecución, se requiere una traducción certificada (Art. IV(2)).¹⁰ Estos requisitos documentales son relativamente sencillos y buscan facilitar el proceso.
Artículo V (Motivos de Denegación): Enumera de forma taxativa y limitada los únicos motivos por los cuales el reconocimiento y la ejecución pueden ser denegados. Los motivos del párrafo 1 solo pueden ser considerados a instancia de la parte contra la cual se invoca el laudo, mientras que los del párrafo 2 pueden ser apreciados de oficio por el tribunal.¹

Motivos Art. V(1) (A probar por la parte resistente): (a) Incapacidad de las partes o invalidez del acuerdo según la ley aplicable; (b) Falta de notificación debida del nombramiento del árbitro o del procedimiento, o imposibilidad de hacer valer las defensas (debido proceso); (c) El laudo excede el ámbito del acuerdo arbitral (ultra petita); (d) Constitución irregular del tribunal arbitral o procedimiento arbitral no ajustado al acuerdo o, en su defecto, a la ley del lugar del arbitraje; (e) El laudo no es aún obligatorio, o ha sido anulado o suspendido en el país de origen.
Motivos Art. V(2) (A apreciar por el tribunal): (a) La materia objeto de la diferencia no es susceptible de arbitraje según la ley del país de ejecución (arbitrabilidad); (b) El reconocimiento o la ejecución serían contrarios al orden público de ese país.
Este artículo es el núcleo de la Convención en materia de ejecución. Los motivos son deliberadamente restringidos, centrándose en la equidad procesal fundamental, la validez del acuerdo, la jurisdicción del tribunal arbitral y preocupaciones centrales de orden público, sin permitir una revisión del fondo del asunto.¹ La carga de probar los motivos del Art. V(1) recae sobre quien se opone a la ejecución.¹¹ El concepto de orden público se interpreta generalmente de forma restrictiva, refiriéndose al orden público internacional del foro, no meramente al doméstico.²

Control Judicial Limitado en la Fase de Ejecución: La estructura del Artículo V refuerza el principio de que el papel del tribunal de ejecución es limitado. Difiere el control sobre el fondo del asunto y la regularidad procesal (salvo defectos fundamentales) a los tribunales del lugar (sede) del arbitraje. El Art. V(1)(e) remite explícitamente a la anulación o suspensión por la autoridad competente del país de origen.¹⁰ Esto, junto con el enfoque restringido de los demás motivos (validez del acuerdo, debido proceso, jurisdicción, arbitrabilidad, orden público), indica que la revisión primaria de la validez del laudo (por ejemplo, por errores procesales que no alcancen la gravedad requerida en Art. V(1)(d) o V(1)(b)) debe ocurrir en la sede del arbitraje. El tribunal de ejecución bajo la CNY realiza un control secundario y más limitado.²
Artículo VI (Aplazamiento de la Ejecución): Permite al tribunal ante el cual se invoca el laudo aplazar la decisión sobre la ejecución si se ha solicitado la anulación o suspensión del laudo ante la autoridad competente del país de origen. Puede también exigir garantías a la parte que se opone.¹⁰ Esta disposición equilibra la necesidad de una ejecución eficiente con el respeto a la jurisdicción primaria de los tribunales de la sede arbitral.¹²
Artículo VII (Derecho Más Favorable): Cláusula crucial que preserva el derecho de una parte interesada a invocar leyes nacionales u otros tratados multilaterales o bilaterales que sean más favorables para el reconocimiento y la ejecución del laudo.⁵ Esta disposición «pro-ejecución» asegura que la CNY establece un estándar mínimo (un «suelo»), no un máximo (un «techo»), permitiendo la aplicación de regímenes más liberales si existen.⁵ Es importante destacar que solo la parte que busca la ejecución puede invocar este derecho a un trato más favorable.¹⁷
C. Ámbito de Aplicación (Geográfico y Material)

Ámbito Material: Se aplica al reconocimiento y ejecución de «sentencias arbitrales» (incluidas las de órganos permanentes – Art. I(2)) surgidas de diferencias entre personas (físicas o jurídicas) sobre materias susceptibles de arbitraje (Art. II(1)).¹⁰ Cubre laudos dictados en un Estado distinto al de ejecución («extranjeros») y laudos «no considerados como nacionales» en el Estado de ejecución («no nacionales») (Art. I(1)).⁷ Los Estados pueden limitar la aplicación a relaciones «comerciales» mediante reserva (Art. I(3)).¹
Ámbito Geográfico: Abierta a la adhesión de Estados Miembros de la ONU, miembros de organismos especializados o partes del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (Art. VIII, IX).⁷ Con más de 170 Estados Contratantes a la fecha ¹, es uno de los tratados de la ONU más exitosos y de mayor aceptación.² UNCITRAL mantiene una lista actualizada del estado de las ratificaciones ²¹, al igual que la Colección de Tratados de la ONU..²⁰¹ Los Estados pueden limitar la aplicación a laudos dictados únicamente en el territorio de otro Estado Contratante mediante la reserva de reciprocidad (Art. I(3)).¹
Aplicabilidad Casi Universal y el Papel de las Reservas: El gran número de Estados contratantes convierte a la CNY en el estándar global de facto. Sin embargo, las reservas permitidas (reciprocidad, comercial) significan que su aplicación no es perfectamente uniforme. Los profesionales deben verificar siempre el estado específico y las declaraciones de los Estados relevantes involucrados en una acción de ejecución. Es necesario comprobar si el Estado donde se busca la ejecución ha formulado la reserva de reciprocidad (exigiendo que el laudo provenga de otro Estado contratante) o la reserva comercial (limitando la aplicación a disputas consideradas «comerciales» según la ley local). Esto añade una capa necesaria de diligencia previa.¹

III. La Convención de Panamá (1975): El Marco Interamericano

A. Propósito y Contexto dentro de la OEA

Enfoque Regional: La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención de Panamá o CP) fue desarrollada en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), específicamente durante la Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-I) celebrada en Panamá en 1975.²³ Su objetivo es facilitar el arbitraje comercial internacional específicamente dentro de las Américas.²⁷
Respuesta al Contexto Latinoamericano: Su surgimiento se debió, en parte, a la histórica reticencia de muchos Estados latinoamericanos a adoptar plenamente el arbitraje internacional y a ratificar la Convención de Nueva York. Esta actitud estaba a menudo influenciada por la Doctrina Calvo, que enfatizaba la jurisdicción exclusiva de los tribunales nacionales y restringía la intervención diplomática y el recurso a foros extranjeros, especialmente en disputas con extranjeros.³⁰ La CP representó un paso regional significativo hacia la aceptación de las normas del arbitraje internacional, superando gradualmente esta hostilidad tradicional.²⁶ La adopción de la CP dentro del marco familiar de la OEA ²³ pudo haber sido percibida como menos impositiva que la adhesión a la CNY global, señalando un cambio colectivo hacia la aceptación de mecanismos internacionales de solución de controversias, facilitando así el comercio y la inversión transfronteriza en la región.³⁰
Relación con la CNY: Fue intencionalmente modelada según la CNY y diseñada para ser compatible con ella.¹⁷ Buscaba establecer un marco similar en las Américas, posiblemente superando las objeciones regionales que existían en ese momento hacia la CNY.³⁰ Este proceso de adopción regional y la posterior modernización de las leyes nacionales ³⁶ probablemente allanaron el camino para la eventual ratificación más amplia de la propia CNY por parte de los países latinoamericanos, como finalmente ocurrió en la mayoría de los casos.¹⁷
B. Disposiciones Clave

Artículo 1 (Acuerdo de Arbitraje): Declara la validez de los acuerdos (por escrito, mediante instrumento firmado o canje de comunicaciones) para someter a arbitraje las diferencias surgidas de una «transacción comercial».²⁴ Cumple una función similar a los Art. II(1) y (2) de la CNY.
Artículo 2 (Árbitros): Permite a las partes acordar el método de nombramiento, delegarlo a un tercero, y establece explícitamente que los árbitros pueden ser nacionales o extranjeros.²⁴ La permisión expresa de árbitros extranjeros fue significativa, ya que abordó directamente restricciones históricas en algunas jurisdicciones latinoamericanas.²⁸
Artículo 3 (Reglas de Procedimiento): Una diferencia fundamental con la CNY. Estipula que, a falta de acuerdo expreso entre las partes, el arbitraje se llevará a cabo de conformidad con las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).²⁴ Esto proporciona un marco procesal supletorio, aumentando la previsibilidad si las partes omiten especificar reglas.
Artículo 4 (Ejecución del Laudo): Establece que un laudo no apelable tendrá fuerza de sentencia judicial firme y su ejecución o reconocimiento podrá ordenarse de manera similar a las decisiones judiciales, conforme a las leyes procesales locales y los tratados internacionales.²⁴
Artículo 5 (Motivos de Denegación): Enumera los motivos para denegar el reconocimiento/ejecución, reflejando muy de cerca el Artículo V de la CNY (incapacidad/invalidez del acuerdo, debido proceso, exceso de poder, procedimiento irregular, laudo no vinculante/anulado/suspendido, inarbitrabilidad, orden público).²⁴ Refuerza la postura pro-ejecución y limita la revisión judicial en esta etapa, de forma análoga a la CNY, aunque existen pequeñas diferencias de redacción.¹⁷
Artículo 6 (Aplazamiento): Permite posponer la ejecución si se ha solicitado la anulación/suspensión en el país de origen, pudiendo exigirse garantías.²⁴ Funcionalmente idéntico al Artículo VI de la CNY.
C. Ámbito de Aplicación y Estados Miembros

Ámbito Material: Se aplica al «arbitraje comercial internacional» (según el título de la Convención) ²⁴ relativo a diferencias sobre una «transacción comercial» (Art. 1).²⁴ A diferencia de la definición más clara del Art. I de la CNY (laudo extranjero o no nacional), el ámbito de la CP depende más de la interpretación de los términos «arbitraje comercial internacional» y «transacción comercial», lo que podría generar cierta incertidumbre inicial sobre su aplicabilidad en comparación con la CNY.²⁸
Ámbito Geográfico: Abierta a la firma y ratificación de los Estados Miembros de la OEA (Art. 7, 8) y a la adhesión de otros Estados (Art. 9).²⁴ Actualmente ha sido ratificada por 19 Estados, principalmente de las Américas, incluido EE.UU…²⁵²³ Permite declaraciones sobre unidades territoriales (Art. 11).²⁴

IV. Análisis Comparativo: Convenciones de Nueva York vs. Panamá

A. Similitudes Fundamentales

Propósito Central: Ambas convenciones comparten el objetivo fundamental de facilitar el reconocimiento y la ejecución de acuerdos y laudos de arbitraje comercial internacional.¹⁷
Estructura y Conceptos Clave: La CP sigue en gran medida la estructura de la CNY en cuanto a la validez de los acuerdos (CNY Art. II / CP Art. 1), la obligación de ejecución (CNY Art. III / CP Art. 4), los motivos limitados de denegación (CNY Art. V / CP Art. 5) y el aplazamiento de la ejecución (CNY Art. VI / CP Art. 6).¹⁷ Ambas defienden la autonomía de las partes y limitan la intervención judicial en la fase de ejecución.
Motivos de Denegación: El Artículo 5 de la CP es «casi idéntico» o «similar, pero no idéntico» al Artículo V de la CNY ¹⁷, cubriendo las mismas áreas fundamentales (validez del acuerdo, debido proceso, jurisdicción, arbitrabilidad, orden público).
B. Diferencias Clave

Reglas Procesales Supletorias: El Art. 3 de la CP designa las reglas de la CIAC como supletorias si las partes no eligen otras; la CNY no contiene tal disposición.²⁴
Remisión al Arbitraje: El Art. II(3) de la CNY obliga expresamente a los tribunales a remitir a las partes al arbitraje; la CP carece de una disposición expresa equivalente, aunque la validez reconocida en el Art. 1 lo implica.¹⁷
Definición del Ámbito: El Art. I de la CNY proporciona criterios más claros (laudo extranjero/no nacional) y permite reservas explícitas (reciprocidad/comercial); la CP se basa en la interpretación de «arbitraje comercial internacional» y «transacción comercial» sin mecanismos explícitos de reserva en el texto (aunque los Estados pueden hacerlas al ratificar, como EE.UU.).²³
Nacionalidad de los Árbitros: El Art. 2 de la CP permite explícitamente árbitros extranjeros, abordando preocupaciones históricas específicas en algunos países de AL; la CNY guarda silencio sobre este punto específico, pero generalmente asume la autonomía de las partes en la selección.²⁴
Documentación para la Ejecución: El Art. IV de la CNY especifica los documentos requeridos; el Art. 4 de la CP remite genéricamente a las leyes procesales locales y tratados, mientras que el Art. 5 implica la necesidad de prueba por la parte resistente.¹⁰
C. Interacción y la Cláusula del «Derecho Más Favorable» (Art. VII CNY)

Solapamiento Potencial: Dado que muchos países son parte de ambas convenciones (ver IV.D), surgen situaciones en las que ambas podrían aplicarse.¹⁷
Artículo VII(1) de la CNY: Esta disposición establece que la CNY no impide que una parte interesada (la que busca la ejecución) se acoja a leyes nacionales u otros tratados más favorables relativos al reconocimiento y la ejecución.⁵ Funciona como una regla de conflicto de leyes crucial y un mecanismo de armonización. Asegura que la proliferación de tratados de arbitraje (como la CP) no cree inadvertidamente barreras a la ejecución más altas que el estándar global establecido por la CNY. Al permitir que la parte ejecutante se beneficie de las reglas más favorables aplicables, refuerza la orientación general pro-ejecución del sistema internacional liderado por la CNY y garantiza que los acuerdos regionales o bilaterales complementen, en lugar de socavar, las garantías básicas de la CNY.⁵
Aplicación Práctica: Si la CP o la ley nacional ofrecen una vía más sencilla para la ejecución en un caso concreto (p. ej., una definición potencialmente más amplia de «acuerdo por escrito», menos obstáculos documentales, interpretación más liberal del orden público), la parte ejecutante puede invocar ese régimen en lugar de la CNY, incluso si esta última también es aplicable. Esto asegura que la CNY actúe como un estándar mínimo.⁵
Enfoque de EE.UU. (FAA Capítulo 3): La legislación estadounidense que implementa la CP (Capítulo 3 de la Ley Federal de Arbitraje – FAA) intenta resolver el solapamiento. La Sección 305 de la FAA da preferencia a la CP si la mayoría de las partes del acuerdo de arbitraje son ciudadanos de Estados que han ratificado la CP y son miembros de la OEA. En caso contrario, se aplica la CNY si es aplicable. Sin embargo, la Sección 302 incorpora disposiciones clave relacionadas con la CNY (como las que definen el ámbito y los procedimientos del Capítulo 2 de la FAA) a la aplicación de la CP.¹⁷
Realidad Práctica y Dinamismo: A pesar de los intentos legislativos de clarificación (como la FAA §305), los tribunales, especialmente en EE.UU., a menudo muestran preferencia por aplicar la CNY, más familiar, o la ley nacional (como la FAA), tratando a veces la CP como una mera extensión del marco de la CNY.¹⁷ Algunas leyes nacionales (p. ej., la de Panamá) también pueden especificar qué régimen prevalece o se considera más favorable.³³ Esta aplicación práctica sugiere una tensión: el marco de la CNY, reforzado por una extensa jurisprudencia y familiaridad, funciona más como un «instrumento vivo», mientras que la CP, a pesar de sus méritos, a veces es tratada como un texto más estático y menos dinámico en la práctica. La CNY se beneficia de décadas de interpretación judicial global ³, creando un vasto cuerpo de precedentes. La CP, al ser regional y litigada con menos frecuencia de forma independiente, carece de este desarrollo jurisprudencial extenso.³⁵
D. Estados Parte de Ambas Convenciones (Énfasis en América Latina)

Solapamiento Significativo: La gran mayoría de los Estados parte de la Convención de Panamá también son parte de la Convención de Nueva York.¹⁷
Adhesión Latinoamericana: Casi todos los Estados latinoamericanos que ratificaron la CP también han ratificado la CNY.²⁹ Esto hace que la interacción entre ambas convenciones sea particularmente relevante en disputas que involucran partes o ejecución dentro de esta región.

Tabla 1: Estados Parte de Ambas Convenciones (CNY y CP) (con énfasis en América Latina)

País	Fecha Ratificación/Adhesión CNY	Fecha Ratificación/Adhesión CP	Estado Latinoamericano
Argentina	14 Mar 1989	05 Ene 1995	Sí
Bolivia	28 Abr 1995	29 Abr 1999	Sí
Brasil	07 Jun 2002	27 Nov 1995	Sí
Chile	04 Sep 1975	17 May 1976	Sí
Colombia	25 Sep 1979	29 Dic 1986	Sí
Costa Rica	26 Oct 1987	20 Ene 1978	Sí
República Dominicana	11 Abr 2002	07 Jul 2008	Sí
Ecuador	03 Ene 1962	23 Oct 1991	Sí
El Salvador	26 Feb 1998	11 Ago 1980	Sí
Guatemala	21 Mar 1984	20 Ago 1986	Sí
Honduras	03 Oct 2000	22 Mar 1979	Sí
México	14 Abr 1971	27 Mar 1978	Sí
Nicaragua	24 Sep 2003	02 Oct 2003	Sí
Panamá	10 Oct 1984	17 Dic 1975	Sí
Paraguay	08 Oct 1997	15 Dic 1976	Sí
Perú	07 Jul 1988	22 May 1989	Sí
Estados Unidos	29 Dic 1970	27 Sep 1990	No
Uruguay	30 Mar 1983	25 Abr 1977	Sí
Venezuela	08 Feb 1995	16 May 1985	Sí

*Fuente: Compilado a partir de datos de la Colección de Tratados de la ONU y OEA.[21, 43, 25] Las fechas pueden variar ligeramente según la fuente; se priorizan las fechas de depósito del instrumento.*

V. Mecanismos para el Reconocimiento y la Ejecución

A. Requisitos Generales bajo la Convención de Nueva York (Art. III, IV, V)

Marco Procesal: La ejecución se solicita ante la autoridad competente (generalmente un tribunal) del Estado Contratante donde se desea la ejecución (Art. III, V).¹⁰
Carga del Solicitante (Art. IV): La parte que pide la ejecución debe presentar: (a) el original debidamente autenticado del laudo o copia certificada, y (b) el original del acuerdo de arbitraje (según Art. II) o copia certificada.¹⁰ Pueden requerirse traducciones si no están en un idioma oficial del país de ejecución (Art. IV(2)).¹⁰
Obligación del Tribunal (Art. III): El tribunal reconocerá la autoridad del laudo y concederá su ejecución conforme a sus normas procesales, salvo que se pruebe uno de los motivos del Artículo V.¹⁰ Las condiciones o costas no pueden ser apreciablemente más gravosas que para los laudos nacionales.³
Revisión Limitada: El proceso está diseñado para ser simplificado, centrándose en los requisitos formales del Art. IV y las excepciones limitadas del Art. V, sin reexaminar el fondo del asunto.¹
B. Requisitos Generales bajo la Convención de Panamá (Art. 4, 5)

Marco Procesal: La ejecución sigue las leyes procesales del país donde se solicita y los tratados internacionales pertinentes (Art. 4).²⁴ Generalmente, el laudo debe ser inapelable según la ley/reglas aplicables para tener fuerza de sentencia firme (Art. 4).²⁴
Carga Implícita del Solicitante: Aunque no enumera documentos como el Art. IV de la CNY, la estructura implica que el solicitante debe presentar el laudo para su reconocimiento. La carga de probar los motivos de denegación recae en la parte resistente (Art. 5(1)).²⁴
Obligación del Tribunal: El reconocimiento y la ejecución podrán ordenarse de manera similar a las decisiones judiciales nacionales o extranjeras (Art. 4), pero sólo se podrá denegar si la parte resistente prueba uno de los motivos del Art. 5(1) o si el tribunal constata motivos bajo el Art. 5(2).²⁴
C. Motivos de Denegación (Comparación)

Alto Grado de Similitud: Los motivos enumerados en el Artículo 5 de la CP son sustantivamente muy cercanos a los del Artículo V de la CNY.²⁸ Ambos cubren incapacidad/invalidez del acuerdo, violaciones del debido proceso, exceso de autoridad, procedimiento/composición irregular, laudo no vinculante/anulado, inarbitrabilidad y orden público.¹
Diferencias Menores: Existen sutiles variaciones en la redacción (p. ej., CP Art. 5(1)(d) se refiere a procedimiento no conforme al acuerdo o a la ley del Estado del arbitraje; CNY Art. V(1)(d) tiene una redacción ligeramente diferente). El impacto práctico de estas diferencias textuales menores generalmente se considera mínimo.
Carga de la Prueba: Ambas convenciones imponen la carga de probar los motivos bajo Art. V(1) / Art. 5(1) a la parte que resiste la ejecución.¹⁰ Los motivos relacionados con la arbitrabilidad y el orden público (Art. V(2) / Art. 5(2)) pueden ser apreciados de oficio por el tribunal.

Tabla 2: Comparación de Motivos de Denegación (CNY Art. V vs. CP Art. 5)

Categoría del Motivo	Disposición CNY Art. V (Resumen)	Disposición CP Art. 5 (Resumen)	Notas / Comparación
Incapacidad / Acuerdo Inválido	V(1)(a): Partes incapaces según su ley aplicable; o acuerdo inválido según ley elegida o, en su defecto, ley del país donde se dictó el laudo.	5(1)(a): Partes sujetas a incapacidad según ley aplicable; o acuerdo no válido según ley elegida o, en su defecto, ley del Estado en que se dictó la decisión.	Prácticamente idénticos.
Debido Proceso / Defensa	V(1)(b): Parte resistente no notificada debidamente de designación de árbitro o procedimiento; o no pudo por otra razón hacer valer sus medios de defensa.	5(1)(b): Parte resistente no notificada debidamente de designación de árbitro o procedimiento; o no pudo por otra razón presentar su defensa.	Prácticamente idénticos; cubren el derecho fundamental a ser oído.
Exceso de Poder / Alcance	V(1)(c): Laudo sobre diferencia no prevista o no comprendida en cláusula/compromiso; o excede términos. (Posibilidad de ejecución parcial si es separable).	5(1)(c): Decisión sobre controversia no prevista en acuerdo; o excede términos. (Posibilidad de reconocimiento/ejecución parcial si es separable).	Prácticamente idénticos; abordan el principio de congruencia y la extralimitación del tribunal arbitral (ultra petita).
Procedimiento / Composición	V(1)(d): Constitución tribunal o procedimiento no ajustado a acuerdo partes; o, en defecto de acuerdo, no ajustado a ley del país donde se efectuó el arbitraje.	5(1)(d): Constitución tribunal o procedimiento no conforme a acuerdo partes; o, en defecto de acuerdo, no conforme a ley del Estado donde tuvo lugar el arbitraje.	Prácticamente idénticos; controlan la conformidad del proceso con las reglas pactadas o la ley subsidiaria de la sede.
Estado del Laudo	V(1)(e): Laudo no es aún obligatorio; o ha sido anulado o suspendido por autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictado.	5(1)(e): Decisión no es aún obligatoria; o ha sido anulada o suspendida por autoridad competente del Estado en que, o según cuya ley, ha sido dictada.	Prácticamente idénticos; remiten al estado jurídico del laudo en su jurisdicción de origen.
Arbitrabilidad	V(2)(a): Según ley del país de ejecución, objeto de la diferencia no es susceptible de solución por arbitraje. (Apreciable de oficio).	5(2)(a): Según ley del Estado de ejecución, objeto de la controversia no susceptible de arbitraje. (Apreciable de oficio).	Prácticamente idénticos; reserva de materias que la ley del foro considera exclusivamente de competencia judicial.
Orden Público	V(2)(b): Reconocimiento o ejecución serían contrarios al orden público del país de ejecución. (Apreciable de oficio).	5(2)(b): Reconocimiento o ejecución serían contrarios al orden público («ordre public») de ese Estado. (Apreciable de oficio).	Prácticamente idénticos; la excepción fundamental de orden público, generalmente interpretada restrictivamente como orden público internacional.

VI. Otros Instrumentos Internacionales Relevantes en Materia de Arbitraje

A. Convenio CIADI (Arbitraje de Inversión)

Enfoque Distinto: El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio CIADI o Convenio de Washington, 1965) establece el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Se centra específicamente en resolver disputas entre inversores extranjeros y Estados receptores de la inversión, un ámbito distinto del arbitraje comercial general entre partes privadas.⁴⁴
Marco Institucional: Crea un sistema autónomo bajo los auspicios del Banco Mundial, con su propia institución (CIADI), reglas procesales (Reglas de Arbitraje, Reglas de Conciliación, etc.) y paneles de árbitros y conciliadores.⁴⁴
Consentimiento: La jurisdicción del CIADI se basa en el consentimiento mutuo entre un Estado Contratante y un nacional de otro Estado Contratante. Este consentimiento se encuentra frecuentemente en Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), Tratados de Libre Comercio (TLC) con capítulos de inversión, leyes nacionales de inversión o contratos específicos entre el inversor y el Estado.⁴⁴
Ejecución: El Convenio CIADI posee un mecanismo de ejecución único y particularmente fuerte en su Artículo 54. Este exige a los Estados Contratantes reconocer los laudos CIADI como obligatorios y ejecutar las obligaciones pecuniarias impuestas por ellos como si fueran sentencias firmes de sus propios tribunales. Crucialmente, este proceso elude los mecanismos de revisión y los motivos de denegación previstos en las Convenciones de Nueva York y Panamá.⁵³ La anulación de un laudo CIADI solo es posible dentro del propio sistema CIADI y por motivos tasados muy específicos (Art. 52).⁵⁴
Relación con CNY/CP: El sistema CIADI opera en paralelo a las CNY y CP, pero para una categoría distinta de disputas (inversor-Estado) en lugar del arbitraje comercial general.⁴⁷ Un laudo dictado bajo el Convenio CIADI se ejecuta conforme a sus propias disposiciones (Art. 54), no bajo la CNY o la CP.
Régimen Especializado: La existencia y estructura del sistema CIADI demuestran que el arbitraje inversor-Estado es tratado como un campo especializado que requiere su propio marco jurídico dedicado, distinto del arbitraje comercial internacional general regido por la CNY/CP. La creación de una institución separada, reglas específicas, y mecanismos de ejecución y anulación diferenciados ⁴⁴ refleja las sensibilidades particulares de las disputas que involucran a Estados soberanos como demandados y el deseo de crear un foro despolitizado y autónomo ³⁶ percibido como neutral tanto por los inversores como por los Estados.
B. Breve Mención de Otras Convenciones Históricas/Regionales

Protocolo de Ginebra (1923) y Convención de Ginebra (1927): Precursores de la CNY, centrados respectivamente en el reconocimiento de cláusulas arbitrales y la ejecución de laudos extranjeros. Fueron reemplazados por la CNY entre los Estados parte de ambos (Art. VII(2) CNY).¹⁰ Se mencionan como contexto histórico.⁵⁵
Tratados de Montevideo (p. ej., 1889, 1940): Esfuerzos regionales tempranos en América Latina sobre derecho internacional privado, que incluían disposiciones sobre cooperación procesal y ejecución de sentencias/laudos, reflejando enfoques regionales iniciales.⁵⁵
Convenio Europeo (1961): Otra convención regional (principalmente europea) que aborda aspectos del arbitraje comercial internacional.⁵⁰

VII. Localización de los Textos de las Convenciones

Convención de Nueva York (1958):

Sitio web de UNCITRAL: Fuente oficial que proporciona el texto, estado de ratificaciones, trabajos preparatorios, jurisprudencia (CLOUT) y guías interpretativas.³ Enlace (español): https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards
NewYorkConvention.org: Recurso exhaustivo con el texto, base de datos de jurisprudencia, comentarios ³ e información sobre el estado de las ratificaciones.¹⁴ Enlace: https://www.newyorkconvention.org/
Colección de Tratados de la ONU: Depositario oficial, proporciona texto, estado, declaraciones y reservas.²⁰ Enlace: https://treaties.un.org/ (Buscar Capítulo XXII-1).
Otras Fuentes: WIPO Lex ¹⁶, Centro Europeo de Arbitraje.¹⁰
Convención de Panamá (1975):

Sitio web de la OEA (Departamento de Derecho Internacional): Fuente oficial para tratados interamericanos, proporciona texto, estado, firmas/ratificaciones, reservas.²³ Enlace:(http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_B-35_arbitraje_comercial_internacional.asp) y páginas relacionadas de firmas.²³
Colección de Tratados de la ONU: Texto registrado disponible.²⁴ Enlace: https://treaties.un.org/ (Buscar Número de Registro 24384).
Otras Fuentes: Bases de datos académicas, Kluwer Arbitration.⁴⁰

VIII. Conclusión

Síntesis: La Convención de Nueva York de 1958 se erige como el pilar fundamental del sistema global para la ejecución de acuerdos y laudos de arbitraje comercial internacional. Su éxito, reflejado en su adopción casi universal, ha sido instrumental para el desarrollo y la fiabilidad del arbitraje como mecanismo de resolución de disputas transfronterizas. La Convención de Panamá de 1975, por su parte, representa un instrumento regional significativo, especialmente relevante en el contexto de las Américas. Si bien fue modelada a imagen de la CNY y comparte sus principios básicos pro-ejecución, aborda aspectos procesales específicos (como las reglas supletorias de la CIAC) y refleja el contexto histórico particular de América Latina en su camino hacia la aceptación del arbitraje internacional.
Interrelación: Lejos de ser redundantes, las dos convenciones son en gran medida compatibles. La cláusula del «derecho más favorable» del Artículo VII de la CNY actúa como un mecanismo armonizador clave, asegurando que, en caso de solapamiento, prevalezca el régimen que ofrezca mayores facilidades para la ejecución del laudo, consolidando así la CNY como un estándar mínimo global.
Impacto: En conjunto, estas convenciones proporcionan la infraestructura jurídica esencial que sustenta la eficacia y la credibilidad del arbitraje comercial internacional. Al garantizar un grado razonable de previsibilidad en la ejecución de los acuerdos y laudos a través de las fronteras, fomentan la confianza necesaria para el desarrollo del comercio y la inversión internacionales. No obstante, su aplicación efectiva depende de una interpretación judicial uniforme y de la continua modernización de las legislaciones nacionales, un proceso que sigue evolucionando.³ La vitalidad de este marco legal internacional sigue siendo crucial para la economía globalizada contemporánea.