Análisis Comparativo de las Leyes de Arbitraje en México, Argentina y Estados Unidos

Leyes Nacionales Aplicables y Últimas Reformas

• México: El arbitraje comercial en México se rige por el Código de Comercio, específicamente por el Título IV del Libro Quinto “Del Arbitraje Comercial”, introducido mediante reforma publicada el 22 de julio de 1993camex.com.mx. Dicha reforma incorporó prácticamente en su integridad la Ley Modelo de la CNUDMI (UNCITRAL) sobre Arbitraje Comercial Internacional, creando un marco moderno y uniforme para los arbitrajes de naturaleza mercantil a nivel federalcamex.com.mx. Subsecuentes modificaciones han afinado estas disposiciones, y desde 2008 el arbitraje cuenta con reconocimiento constitucional expreso en México, lo cual zanjó previos debates sobre su constitucionalidadcdei.itam.mx.
• Argentina: Existen dos marcos internos principales. Para arbitrajes internos (domésticos), el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), Ley 26.994, sancionado en 2014 y vigente desde 2015, incorpora un capítulo dedicado al “contrato de arbitraje” (arts. 1649 a 1665)medyar.org.ar. Por otro lado, Argentina adoptó una normativa específica para arbitraje internacional: la Ley 27.449 de Arbitraje Comercial Internacional, sancionada el 4 de julio de 2018riu.austral.edu.ar. Esta ley, inspirada en la Ley Modelo de la CNUDMI (1985, enmendada 2006), se aplica exclusivamente a arbitrajes comerciales internacionales con sede en Argentinamarval.comargentina.gob.ar. La Ley 27.449 significó un hito, llenando un vacío señalado por la doctrina, dado que hasta 2018 Argentina carecía de una ley moderna en la materiariu.austral.edu.ar.
• Estados Unidos: A nivel federal la norma rectora es la Federal Arbitration Act (FAA), promulgada originalmente en 1925 (U.S. Arbitration Act, 43 Stat. 883)mediacion.icav.es. Codificada en el Título 9 del U.S. Code, esta ley federal establece el marco general del arbitraje comercial, y ha sido enmendada en ocasiones para incorporar arbitrajes internacionales (Capítulo 2, 1970, implementando la Convención de Nueva York de 1958; Capítulo 3, 1990, implementando la Convención Interamericana de 1975). La FAA prevalece sobre las leyes estatales en caso de conflictomediacion.icav.es, aunque los estados de la Unión cuentan con sus propias leyes de arbitraje (muchos basados en el Uniform Arbitration Act). En 2022 se introdujo la más reciente reforma significativa: la Ley “Ending Forced Arbitration of Sexual Assault and Sexual Harassment”, que enmienda la FAA para invalidar los acuerdos arbitrales que obligaban a arbitrar reclamaciones de acoso o agresión sexual, permitiendo a las víctimas llevar esos casos ante la justicia ordinariatvazteca.com.

Principios Rectores del Arbitraje

• México: La legislación mexicana consagra como principios fundamentales la autonomía de la voluntad de las partes y la mínima intervención judicialcamex.com.mx. En efecto, el Código de Comercio contempla que el acuerdo entre las partes prevalece sobre las normas dispositivas, actuando éstas solo supletoriamente en ausencia de pacto expresocamex.com.mx. Por tanto, las partes son libres de pactar cómo se conducirá el procedimiento (nombramiento de árbitros, reglas procesales, sede, idioma, etc.), mientras que la intervención de autoridades judiciales es excepcional y limitada a los casos previstos en la ley (por ejemplo, apoyo en obtención de pruebas, medidas cautelares o ejecución de laudos)camex.com.mx. También rige el principio kompetenz-kompetenz, implícito en la adopción de la Ley Modelo: los árbitros pueden decidir sobre su propia competencia, y el principio de separabilidad de la cláusula arbitral (de manera que la nulidad del contrato principal no afecta por sí misma la validez del convenio arbitral).
• Argentina: En el arbitraje interno, el CCCN define el contrato de arbitraje como un acuerdo por el cual las partes deciden someter a árbitros determinadas controversias. Si bien el código civil-commercial reconoce la base contractual del arbitraje, impone límites importantes de orden público (v. gr., exclusión de materias que no pueden arbitrarse, como se verá más adelante). En cambio, la Ley 27.449 para arbitraje internacional refleja plenamente los principios modernos: reconoce la autonomía de la voluntad (por ejemplo, las partes pueden elegir libremente el número de árbitros, las reglas del procedimiento y la ley aplicable) y asegura la igualdad de las partes y el derecho a ser oídas durante el procesomarval.com. Consagra expresamente el principio “kompetenz-kompetenz”, disponiendo que el propio tribunal arbitral decidirá sobre su competencia incluso frente a objeciones sobre la existencia o validez del acuerdo arbitral, así como la autonomía de la cláusula arbitral (separabilidad)marval.com. Asimismo, se establece la mínima injerencia judicial: los tribunales argentinos no interferirán en un arbitraje internacional salvo en los casos contemplados en la ley (designación de árbitros en default, medidas cautelares, apoyo probatorio, nulidad o ejecución de laudos, etc.), siguiendo el esquema de la Ley Modelo. Los principios de buena fe procesal y debido proceso arbitral también están previstos: el procedimiento debe respetar la igualdad de trato y la oportunidad de defensa de ambas partesmarval.com. En síntesis, la ley argentina moderna prioriza la voluntad de las partes y la eficacia del arbitraje, posicionando la autonomía privada como piedra angular, salvo en las materias excluidas por razones de política pública interna.
• Estados Unidos: El régimen estadounidense se caracteriza por un fuerte principio pro arbitraje sustentado tanto en la ley como en la jurisprudencia. La FAA establece que “toda cláusula arbitral en un contrato comercial o marítimo será válida, irrevocable y exigible, salvo causa legal general para su revocación”mediacion.icav.es. Este precepto refleja la equiparación del convenio arbitral a cualquier otro contrato, rechazando la previa desconfianza judicial hacia el arbitraje. En virtud de la interpretación del Tribunal Supremo de EE.UU., la FAA impone la observancia de los acuerdos de arbitraje previos al litigio, reforzando el principio de pacta sunt servanda en este ámbitoharris-sliwoski.com. Otros principios rectores son la finalidad y definitividad del laudo (los laudos arbitrales son finales y con fuerza vinculante, con muy causales limitadas de impugnación bajo la FAA) y la neutralidad/imparcialidad del proceso (se espera que los árbitros sean independientes, y la evidencia de parcialidad puede ser motivo de anulación del laudo). También se reconoce tácitamente el kompetenz-kompetenz (los árbitros pueden analizar cuestiones de arbitrabilidad, aunque los tribunales deciden finalmente sobre la existencia del acuerdo arbitral si se les solicita), y la separabilidad de la cláusula arbitral ha sido afirmada por la Corte Suprema (caso Prima Paint, jurisprudencia) – si bien estos principios han sido desarrollados vía jurisprudencial más que por texto expreso de la FAA. En suma, el derecho estadounidense privilegia la autonomía contractual y la eficiencia del arbitraje, promocionando una política federal favorable a que las partes resuelvan extrajudicialmente sus disputas, aun en ámbitos como consumo y empleo (lo cual ha generado, no obstante, debates doctrinales importantes, mencionados más adelante).

Tipos de Arbitraje Regulados

• México: La legislación mexicana no distingue formalmente entre arbitraje nacional o internacional en el ámbito comercial: el Código de Comercio adopta un régimen unitario que cubre cualquier arbitraje comercial, sea doméstico o con elementos internacionales, y con partes tanto privadas como entes públicoscamex.com.mx. En consecuencia, las disposiciones del Código se aplican a todo arbitraje de naturaleza mercantil (típicamente controversias contractuales o comerciales) que se someta a arbitraje en territorio mexicano. Cabe aclarar que, fuera del ámbito mercantil, el arbitraje civil (entre particulares sobre materias no comerciales) queda sujeto a las legislaciones procesales de cada estado federativocamex.com.mx, lo que ha dado lugar a cierta dispersión normativa a nivel local. Por otro lado, el arbitraje laboral en México sigue un régimen distinto: los conflictos de trabajo individuales y colectivos se resuelven ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje (federales o locales) conforme a la Ley Federal del Trabajo, órganos que si bien se denominan “arbitraje” en la práctica funcionan como tribunales especializados laborales. Asimismo, existen mecanismos de arbitraje en materia de consumo administrados por la autoridad (Profeco) de forma voluntaria, y otros arbitrajes sectoriales (por ejemplo, arbitraje en contrataciones públicas o materias agrarias) regulados por leyes especiales; pero el marco general para arbitraje comercial es el establecido en el Código de Comercio de jurisdicción federal.
• Argentina: La normativa argentina distingue entre arbitraje interno (doméstico) y arbitraje internacional. El arbitraje comercial interno (entre partes domiciliadas en Argentina, sin elementos extranjeros significativos) está regulado por el CCCN y los Códigos Procesales locales. El CCCN tipifica dos clases de arbitraje: el “arbitraje de derecho” (árbitros que deben resolver conforme a derecho) y el “arbitraje de amigables componedores” (árbitros facultados para decidir en equidad)leyes-ar.com. Si el convenio arbitral no especifica el tipo, se presume que es arbitraje de derecholeyes-ar.com. No obstante, el propio CCCN excluye ciertas materias del ámbito arbitral interno: no pueden ser sometidas a arbitraje cuestiones de estado y capacidad de las personas, asuntos de familia, derechos de consumidores y usuarios, contratos por adhesión de cualquier objeto, ni conflictos derivados de relaciones laboralesleyes-ar.com. Es decir, cláusulas arbitrales en contratos de consumo o de adhesión (típicamente aquellos predispuestos por una parte) se consideran inválidas o inaplicables en el derecho interno argentino, por expresa disposición legal, al igual que los conflictos laborales individuales, que están reservados a la Justicia Laboral ordinaria. Asimismo, las normas del CCCN sobre arbitraje no se aplican cuando una de las partes es el Estado (Nación o provincias), por lo que los entes estatales se rigen por sus propias leyes a la hora de pactar arbitrajeleyes-ar.com. En contraste, el arbitraje comercial internacional en Argentina (según la Ley 27.449) abarca cualquier controversia de carácter mercantil entre partes con establecimientos en distintos Estados o con elementos internacionales relevantesmarval.commarval.com. La Ley 27.449 define “comercial” en sentido amplio como relaciones jurídicas de derecho privado, sean contractuales o no, presumiendo el carácter comercial ante la dudamarval.com. Dicha ley se aplica exclusivamente a arbitrajes internacionales comerciales, coexistiendo con las convenciones internacionales vigentes en la materiaargentina.gob.ar. Por tanto, hoy Argentina tiene un sistema dualista: arbitraje doméstico regido por derecho común local (con importantes restricciones arbitrales), y arbitraje internacional regido por la ley especial de 2018 (mucho más flexible y pro-arbitraje). Adicionalmente, Argentina cuenta con esquemas especiales de solución alternativa de disputas: por ejemplo, procedimientos administrativos de conciliación y arbitraje de consumo previstos en la Ley de Defensa del Consumidor, o la posibilidad de arbitraje voluntario en conflictos colectivos laborales o en contratos de participación público-privada (Ley 27.328)marval.com, pero dichos regímenes están fuera del marco general comercial y obedecen a reglas propias.
• Estados Unidos: En el modelo norteamericano, la FAA tiene un alcance sustantivo muy amplio: aplica a cualquier controversia contractual que involucre el comercio interestatal o marítimo, lo cual en la práctica cubre casi todas las transacciones económicas debido a la interpretación expansiva de la noción de “comercio”mediacion.icav.es. Por tanto, el arbitraje comercial en EE.UU. abarca desde disputas mercantiles puramente comerciales entre empresas, hasta reclamos de consumidores y casos de empleo individual, siempre que medie un acuerdo escrito de arbitraje y la relación afecte el comercio. Un área particular es la de arbitraje laboral: los conflictos derivados de convenios colectivos entre sindicatos y empleadores (grievances) suelen resolverse mediante arbitraje laboral obligatorio estipulado en dichos convenios, amparado por la legislación laboral (Sección 301 del Labor Management Relations Act) y fomentado por la política federal conocida como la Steelworkers Trilogy (jurisprudencia clásica que valida esos arbitrajes). Sin embargo, los “contratos de trabajo” de ciertos trabajadores de transporte (ferroviarios, marítimos, etc.) están excluidos del ámbito de la FAA (9 U.S.C. §1) – estos sectores históricamente usan otros mecanismos obligatorios de resolución de disputas. Fuera de esa excepción, los acuerdos arbitrales en relaciones de consumo y empleo individual son generalmente válidos y ejecutables bajo la FAA, lo que ha dado lugar a la proliferación del arbitraje de consumo y arbitraje en el lugar de trabajo en EE.UU. (por ejemplo, cláusulas de arbitraje en contratos de tarjeta de crédito, servicios bancarios, pólizas, contratos de adhesión diversos, y en contratos o políticas de empleo). Finalmente, en cuanto a arbitraje internacional, EE.UU. no adoptó una ley modelo separada, sino que integra los tratados: la FAA en su Capítulo 2 incorpora la Convención de Nueva York de 1958 (aplicable al reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros y acuerdos arbitrales internacionales) y el Capítulo 3 incorpora la Convención Interamericana de Panamá de 1975. En consecuencia, un arbitraje con sede en EE.UU. entre partes de diferentes países se rige en su acuerdo y procedimiento por la FAA (Capítulo 1) y eventualmente por reglas elegidas por las partes, mientras que la ejecución de un laudo foráneo o internacional se sustenta en las normas de la Convención de Nueva York incorporadas. También existen leyes estatales de arbitraje (en los 50 estados), que se aplican sobre todo a arbitrajes puramente intrastatales o en aspectos no cubiertos por la FAA; muchas de ellas derivan del Uniform Arbitration Act (1955) o del Revised UAA (2000). No obstante, en caso de conflicto, la ley federal FAA desplaza a la estatal en materias de comercio interestatalmediacion.icav.es, garantizando una base uniforme mínima pro-arbitraje en todo el país.

Procedimiento Arbitral y Requisitos Fundamentales

Acuerdo Arbitral (forma y validez): En los tres países se exige un acuerdo de arbitraje válido como base del procedimiento.

• México: Debe existir un convenio arbitral por escrito, ya sea cláusula compromisoria en un contrato o acuerdo independiente, conforme al artículo 1423 del Código de Comercio. La forma escrita se interpreta ampliamente (incluye intercambio de documentos electrónicos, telex, fax, etc. que dejen constancia) siguiendo el estándar de la Ley Modelo 1985. El convenio arbitral es autónomo del contrato principal (principio de separabilidad) y puede abarcar materias contractuales o no contractuales de carácter mercantil. Para que un asunto sea arbitrable, debe tratarse de materias disponibles para las partes; en general quedan excluidos asuntos de orden público (ej. estado civil, familia, penal, laboral, consumo – estos últimos por disposición de otras leyes). El Código de Comercio confirma que un juez podrá negar reconocer un convenio o laudo si la controversia no es susceptible de arbitraje conforme al derecho mexicano o si el laudo contraviene el orden públicocdei.itam.mx. En la práctica, controversias mercantiles y civiles patrimoniales son arbitrables; no así las que impliquen derechos estrictamente públicos.
• Argentina: El CCCN también requiere un acuerdo escrito. Define que “hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica”medyar.org.ar. El CCCN impone que dicho convenio sea expreso y claro, y además prohibe cláusulas arbitrales en contratos de adhesión y de consumoleyes-ar.com, invalidándolas. Para los arbitrajes internacionales, la Ley 27.449 exige igualmente la forma escrita del acuerdo, considerando satisfecho este requisito cuando conste su contenido por cualquier medio tangible o electrónico accesible para consultamarval.com. (A diferencia de la Ley Modelo 2006, la ley argentina no reconoce convenios arbitrales formados verbalmente o por conducta, subrayando la necesidad de prueba escritamarval.com). Ambos regímenes (interno e internacional) reconocen la validez y autonomía del convenio arbitral, y encomiendan a los árbitros y tribunales respetar dicha autonomía.
• Estados Unidos: La FAA dispone en su Sección 2 que será válido todo acuerdo escrito por el cual las partes se comprometen a arbitrar una controversia futura o existente en un contrato que evidencie transacción comercialmediacion.icav.es. La exigencia de escritura es clara (“written provision”); las cláusulas verbales no están protegidas por la FAA. Mientras el acuerdo no sea nulo por causas de derecho contractual (vicios del consentimiento, ilicitud, incapacidad, etc.), los tribunales deben hacerlo valer. En la práctica, un convenio arbitral puede estar contenido en contratos principales, anexos o incluso en términos y condiciones generales aceptados por escrito (ej. firmar un contrato con cláusula arbitral incluida, o aceptar por escrito un documento que la contenga). En contratos por adhesión (ej. contratos estándar de consumo o empleo), la validez del convenio arbitral se analiza bajo doctrinas contractuales generales (ausencia de fraude, no coerción indebida); no hay en la FAA una prohibición general por tipo de contrato, de modo que muchas cláusulas arbitrales de adhesión son ejecutables. Recientemente, sin embargo, se exceptuaron por ley los acuerdos arbitrales predispuestos en materia de acoso o agresión sexual, que ya no pueden hacerse valer sin el consentimiento posterior de la víctimatvazteca.com. En síntesis, la validez del convenio en EE.UU. sigue criterios de contrato (formación válida y alcance), con una fuerte presunción a favor de su ejecución.

Composición del Tribunal Arbitral:

• México: Las partes pueden acordar libremente el número de árbitros y el mecanismo de designación. A falta de acuerdo, la norma supletoria en México establece un árbitro único por defectocdei.itam.mx (a diferencia del esquema UNCITRAL original de tres árbitros). El Código prevé que cada parte designe un árbitro cuando corresponda un panel y, si una parte no lo hace o los árbitros designados no se ponen de acuerdo en el presidente, podrá intervenir la autoridad judicial para hacer la designación (art. 1427 CCo). Los árbitros deben ser imparciales e independientes; las causales de recusación (bias, interés, etc.) están contempladas en la ley y se sigue un procedimiento para su remoción (arts. 1428-1432). No se exige que los árbitros sean abogados (salvo pacto en contrario); pueden ser expertos de cualquier nacionalidad.
• Argentina: El CCCN permite pactar el número de árbitros; si nada se dice, también se interpreta generalmente un árbitro único (aunque en arbitraje de derecho, a veces se nombra un tribunal de tres). En el arbitraje internacional, la Ley 27.449 concede libertad a las partes para fijar el número de árbitros y el método de nombramiento, y si no lo hacen, el tribunal arbitral será de tres árbitros designados según las reglas supletorias de la leymarval.com. Por regla general, cada parte nombrará uno y esos dos eligen al tercero; si una parte no coopera o no se logra acuerdo, interviene el juez local competente para efectuar el nombramiento (arts. 12-15, Ley 27.449). Los árbitros pueden ser recusados por las partes por falta de imparcialidad o independencia, siguiendo un procedimiento similar al de la Ley Modelo (la propia institución arbitral o el juez decide la recusación, arts. 17-18). En arbitraje de derecho doméstico, suele requerirse que los árbitros sean abogados matriculados (por aplicación supletoria de códigos procesales provinciales), mientras que en arbitraje internacional no hay tal requisito a menos que las partes lo exijan.
• Estados Unidos: La FAA no fija un número predeterminado de árbitros, dejando eso al acuerdo de las partes o, en su defecto, a la intervención judicial. La mayoría de los contratos de arbitraje en EE.UU. especifican un árbitro único o un panel de tres según la cuantía en disputa. Si el acuerdo es omiso, la Sección 5 de la FAA faculta a la corte a designar “un árbitro o árbitros” según considere apropiado, asegurando que el arbitraje no fracase por falta de nombramiento. Es común que las partes adopten reglamentos institucionales (AAA, JAMS, etc.) que prevén el mecanismo de nombramiento. Los árbitros deben ser neutrales; la FAA no detalla requisitos de calificación ni nacionalidad. Si existe evidencia de “evident partiality” (parcialidad manifiesta) en un árbitro no revelada oportunamente, ello es motivo de anulación del laudo (FAA §10(a)(2)). En arbitrajes estatales, las leyes locales pueden imponer ciertos requisitos o procedimientos adicionales, pero en general se respeta la libertad de elección de las partes en la composición del tribunal.

Procedimiento Arbitral:

• México: El procedimiento lo definen ante todo las partes en su acuerdo arbitral (pueden remitir a un reglamento arbitral institucional, como el de la ICC o el Centro de Arbitraje de México, o establecer reglas ad hoc). En ausencia de convenio sobre el procedimiento, los árbitros están facultados por el Código de Comercio para conducir el arbitraje de la manera que consideren apropiada, sujetándose a las disposiciones imperativas del propio Código (art. 1435). El árbitro puede, por ejemplo, fijar cronogramas, admitir pruebas pertinentes, celebrar audiencias, etc., siempre garantizando igualdad de trato y oportunidad de alegato a ambas partes. Medidas cautelares: Tras las reformas inspiradas en la Ley Modelo, los árbitros pueden ordenar medidas provisionales a petición de parte (art. 1429 bis introducido en 2011, por ejemplo), aunque la ejecución forzosa de las mismas requerirá auxilio judicial. Alternativamente, las partes pueden solicitar medidas precautorias directamente a tribunales nacionales sin que ello se considere una violación al convenio arbitral (art. 1425). Intervención judicial de apoyo: El juez competente puede asistir en la práctica de pruebas (citación de testigos, peritajes coactivos) o en otras diligencias que excedan los poderes privados de los árbitros, cuando éstos o una parte lo soliciten (arts. 1444 y 1445). En todo caso, la intervención judicial no debe sustituir a los árbitros en funciones decisorias propias del arbitraje, conforme al principio de mínima intervención.
• Argentina: El arbitraje interno sigue en gran medida el procedimiento establecido en los códigos procesales. Por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) prevé en sus arts. 736-773 el “Juicio arbitral”, con reglas sobre presentación de demanda ante árbitros, contestación, audiencias y prueba, y plazo para laudar. Muchas provincias tienen regulaciones análogas, a menudo algo obsoletas. El CCCN, al ser un código de fondo, no detalla el procedimiento, limitándose a algunas reglas puntuales (designación y remuneración de árbitros, arts. 1655-1665). En consecuencia, los arbitrajes domésticos en Argentina suelen regirse por una combinación de lo pactado por las partes y las normas procesales supletorias (que contemplan, por ejemplo, que los árbitros de derecho deben dictar laudo dentro de cierto plazo y que, salvo pacto en contrario, se sigue en lo no previsto el procedimiento judicial ordinario). En contraste, el arbitraje internacional bajo Ley 27.449 permite a las partes acordar libremente el procedimiento arbitral (por ejemplo, pueden adoptar reglas de instituciones como CIAC, CAM, ICC, etc.)marval.com. Si las partes no estipulan nada, los árbitros pueden conducir el procedimiento como estimen conveniente, respetando siempre los principios de igualdad y derecho a defensa de las partesmarval.com. La ley internacional contiene disposiciones detalladas supletorias sobre notificaciones, idioma, audiencias, prueba pericial, etc., congruentes con la Ley Modelo. Medidas cautelares: La Ley 27.449 incorpora el capítulo de medidas cautelares de la Ley Modelo 2006, permitiendo a los árbitros dictar medidas provisionales vinculantes (arts. 21-27) y solicitando el auxilio judicial para su ejecución coactiva cuando sea necesario. Asistencia judicial: Los tribunales argentinos pueden intervenir, a requerimiento, para diligenciar prueba, ordenar embargos u otras medidas, o ejecutar órdenes de los árbitros en casos como desacato de testigos. También pueden acumular procesos arbitrales por conexidad o resolver cuestiones no delegables (p.ej., en arbitrajes internos, la homologación de laudos en ciertos supuestos especiales).
• Estados Unidos: La FAA no proporciona un procedimiento arbitral completo, sino que deja amplios márgenes a la voluntad de las partes. En la práctica, la mayoría de los arbitrajes en EE.UU. se administran con base en reglamentos institucionales (por ej., las Reglas de la American Arbitration Association (AAA), JAMS Rules, etc.) o en reglas ad hoc como las UNCITRAL Arbitration Rules, cuando las partes así lo convienen. Estas reglas establecen el procedimiento: presentación de escritos, descubrimiento (en arbitraje doméstico a veces se permite cierta fase de “discovery” limitada, aunque menor al litigio judicial), audiencias probatorias, etc. Si las partes no han acordado reglas, los árbitros tienen discreción para conducir un proceso justo y expedito. La FAA confiere a los árbitros ciertos poderes: por ejemplo, citación de testigos y documentos (Sección 7) – los árbitros pueden citar testigos a comparecer ante ellos y, en caso de incomparecencia, un tribunal puede obligar el cumplimiento. Medidas cautelares: La FAA es silenciosa, pero tribunales han reconocido implícitamente que los árbitros pueden otorgar medidas provisionales y que las cortes pueden confirmarlas o emitir medidas temporales antes de constituido el tribunal arbitral (para preservar el status quo). Intervención judicial de apoyo: Un tribunal puede nombrar árbitros si el método pactado falla (Sec. 5), puede obligar a las partes a arbitrar cuando una se rehúsa (orden de compel arbitration, Sec. 4), y puede emitir órdenes para detener procesos judiciales paralelos (stay of litigation, Sec. 3). Durante el arbitraje, en general los jueces no monitorean el procedimiento (no hay supervisión continua como en algunos sistemas civiles), pero al final sí pueden revisar el laudo conforme las causales limitadas de la FAA.

Laudo Arbitral (Premio) y Control:

• México: El laudo arbitral debe dictarse por escrito y ser firmado por los árbitros (art. 1448). Salvo acuerdo en contrario, el laudo debe ser fundado y motivadocdei.itam.mx, es decir, expresar las consideraciones en que se basa la decisión, a menos que las partes hayan convenido que baste un laudo sin expresión de razones (posible en arbitrajes de equidad). El laudo es vinculante y definitivo para las partes. El Código de Comercio prevé un procedimiento de “nulidad del laudo” (artículos 1457-1463) equivalente a la acción de anulación de la Ley Modelo: una de las partes puede demandar ante el juez competente la nulidad del laudo dentro de los 3 meses siguientes a su notificacióncdei.itam.mx. Las causales de nulidad son las mismas que en el estándar internacionalcdei.itam.mx: incapacidad o falta de validez del acuerdo arbitral, falta de notificación o indefensión, exceso en la materia decidida por los árbitros, irregularidad en la constitución del tribunal o el procedimiento no conforme al acuerdo de partes, y, de oficio, si el asunto no era arbitrable según la ley mexicana o el laudo es contrario al orden público mexicanocdei.itam.mxcdei.itam.mx. El juez, al resolver sobre la nulidad, no revisa el fondo del caso, solo verifica esas causales taxativas. Si no se interpone acción de nulidad en el plazo, o si ésta es rechazada, el laudo queda firme. La ejecución de laudos arbitrales en México (sean nacionales o extranjeros) se tramita ante los juzgados competentes en vía incidental, y éstos únicamente pueden negar la ejecución por las causales limitadas similares a las de nulidad (art. 1462, incorporando en buena medida los motivos de la Convención de Nueva York). En la práctica, un laudo comercial doméstico una vez firme tiene la misma eficacia que una sentencia judicial, y uno extranjero requiere el exequátur bajo la Convención de Nueva York de 1958 (México es parte) o, en su caso, la de Panamá de 1975, procedimientos que también manejan los jueces bajo parámetros equivalentes a los de la ley interna. Adicionalmente, el amparo (juicio de garantías constitucional) procede en México solo contra laudos en situaciones excepcionales (criterio judicial ha delimitado que el laudo arbitral no es acto de autoridad, por lo que solo cabría amparo indirecto contra la resolución judicial de nulidad o de ejecución, evitando así un “doble control” del laudo).
• Argentina: El laudo en arbitrajes internos debe dictarse dentro del plazo acordado o legal (muchos códigos establecen 6 meses, prorrogables por acuerdo o judicialmente). Debe ser por escrito, fechado y firmado por los árbitros. En arbitraje de derecho, tradicionalmente se exigía la fundamentación jurídica del laudo, y las partes podían pactar dispensar la apelación judicial. De hecho, históricamente en Argentina, el laudo de árbitros de derecho podía ser apelado ante la Cámara de Apelaciones, salvo renuncia expresa (cláusula “sin apelación”), mientras que el laudo de amigables componedores era inapelable, admitiendo solo recurso de nulidad por vicios graves. El panorama cambió con el CCCN: hoy, no existe la apelación al mérito del laudo (en línea con la tendencia internacional). El control judicial se limita a la impugnación por nulidad. En el procedimiento nacional (CPCCN art. 760), la parte interesada puede interponer recurso de nulidad contra el laudo ante el tribunal estatal dentro de un breve plazo (en la justicia nacional es de 5 días desde la notificación del laudomarval.com). Las causales para anular no están sistematizadas en el CCCN, pero doctrinaria y jurisprudencialmente se asemejan a las del modelo: violación manifiesta del orden público, fallo ultra petita, violación al debido proceso arbitral (defensa en juicio), o que el objeto del litigio no era comprometible. En arbitraje internacional, la Ley 27.449 prevé expresamente una “petición de nulidad” del laudo como único recurso, por causales idénticas a las del Artículo 34 de la Ley Modelo (y art. V de la Convención NY) – esencialmente las mismas mencionadas para México. El plazo otorgado es de 30 días desde la recepción del laudomarval.com, un plazo más amplio que el doméstico pero más corto que los 3 meses del modelo UNCITRALmarval.com. Si en un arbitraje internacional no se recurre por nulidad en ese término, el laudo deviene inimpugnable en Argentina. Respecto de la ejecución de laudos, la nueva ley derogó el art. 519 bis CPCCNmarval.com, que regía el exequátur de laudos foráneos, y dispuso que “un laudo arbitral, sin importar el país en que se haya dictado, será reconocido y ejecutable como vinculante, salvo que concurra alguna de las causales de denegación establecidas en la ley”marval.com. Esas causales de denegación replican las de la Convención de Nueva York 1958 (falta de acuerdo válido, indefensión, ultra petita, no arbitrabilidad, orden público, etc.). Por tanto, el régimen argentino actual unifica el tratamiento: un laudo internacional se ejecuta aplicando la Ley 27.449 (además del tratado internacional que corresponda), y un laudo doméstico se ejecuta según procedimientos civiles locales, pero en ambos casos no se revisa el contenido del laudo, solo aspectos formales y de orden público. Cabe agregar que la parte que obtuvo un laudo puede optar por ejecutarlo directamente sin pedir su nulidad, y la parte perdedora puede oponer como defensa a la ejecución las mismas causales de nulidad si no las litigó antes. Argentina es signataria de la Convención de Nueva York y de Panamá, de modo que los jueces aplican esas normas – ahora complementadas por la ley interna – para reconocer laudos extranjeros.
• Estados Unidos: El laudo arbitral (award) en EE.UU. usualmente es por escrito y firmado por los árbitros que lo emiten. Curiosamente, la FAA no obliga a que el laudo sea motivado; es perfectamente legal un laudo simple que solo disponga el resultado (salvo que la cláusula o las reglas aplicables exijan fundamentación). En arbitrajes comerciales, a veces las partes pactan reasoned awards (laudo razonado) o findings of fact and conclusions of law, pero por defecto un laudo puede ser sumario. Tras dictado el laudo, la parte vencedora puede presentarlo ante la corte para su homologación (confirmación) bajo la FAA §9, lo que le da fuerza de sentencia judicial. La parte perdedora, a su vez, tiene la posibilidad de solicitar la anulación (vacatur) del laudo, pero únicamente por las causales extremadamente limitadas que prevé la FAA §10. Dichas causales son: (1) que la obtención del laudo haya sido producto de corrupción, fraude o conducta dolosa de alguna de las partes; (2) parcialidad evidente de un árbitro designado como neutral; (3) mala conducta de los árbitros en cuanto a sus deberes, p. ej. negarse injustificadamente a escuchar pruebas pertinentes o abusar en posponer el proceso, con perjuicio de derechos de alguna parte; y (4) que los árbitros hayan excedido sus poderes o no hayan decidido sobre la materia sometidamediacion.icav.esmediacion.icav.es. Fuera de estas causales, no procede revisión alguna sobre el mérito, errores de hecho o de derecho (mistake of law/fact no son motivo de anulación). La jurisprudencia añadió en algún momento la doctrina de “manifest disregard of the law” (desconocimiento manifiesto de la ley) como posible base de vacatur, pero su estatus actual es incierto tras decisiones de la Corte Suprema que la han puesto en duda. El plazo para presentar una moción de vacatur es de 3 meses desde la notificación del laudo (FAA §12). Si no se impugna en ese lapso, el laudo se considera definitivo. Cabe resaltar que la anulación de laudos en EE.UU. es excepcional – los tribunales federales confirman la gran mayoría de los laudos, y solo anulan en casos flagrantes que encajen en las causales mencionadas. Respecto a la ejecución, una vez confirmado por un tribunal, el laudo se ejecuta como sentencia. Un laudo extranjero se ejecuta mediante el Capítulo 2 de la FAA, que remite a la Convención de Nueva York (causales del art. V). En general, EE.UU. es considerado una jurisdicción “arbitration-friendly”, ya que las cortes hacen cumplir acuerdos y laudos con celeridad y se abstienen de revisar el fondo de la disputa arbitral.

Grado de Autonomía de las Partes

• México: La legislación mexicana en arbitraje es altamente permisiva a la autonomía de las partes. Como ya señalado, rige el principio de que la voluntad de las partes prevalece sobre la ley dispositivacamex.com.mx. Esto se traduce en que las partes pueden acordar prácticamente todos los aspectos del arbitraje: quiénes serán los árbitros (y establecer calificaciones particulares si lo desean, p. ej. experiencia en cierta materia), el procedimiento aplicable (sea reglas ad hoc diseñadas por ellas o reglas institucionales predeterminadas), el idioma, la sede o lugar jurídico del arbitraje, e incluso la ley sustantiva o normas bajo las cuales se decidirá el fondo del asunto. La ley mexicana actúa como supletoria: solo llena vacíos en ausencia de acuerdo expreso. Incluso permite pactar arbitraje en equidad (que los árbitros decidan según su leal saber y entender y no estrictamente al derecho) y otros detalles poco comunes, siempre y cuando no se viole el orden público ni se priven las partes de derechos fundamentales del debido proceso arbitral. La única esfera donde la autonomía encuentra límites es en la arbitrabilidad objetiva (no se puede por convención privada someter a arbitraje materias prohibidas por la ley, como asuntos penales, familiares, laborales, etc.) y en ciertos procedimientos donde forzosamente debe mediar autoridad (por ejemplo, arbitrajes de consumidores bajo PROFECO requieren ciertos pasos administrados). Pero tratándose de controversias comerciales ordinarias, las partes gozan de total libertad para estructurar el arbitraje a su medida. También pueden, de común acuerdo, renunciar a impugnar el laudo en sede judicial (aunque la acción de nulidad es de orden público, en la práctica si ambas partes deciden no hacerla valer, el laudo queda firme). En resumen, en México las partes son dueñas del proceso arbitral: la ley respeta sus convenios procesales y solo interviene para garantizar el cumplimiento forzoso de sus decisiones o suplir omisiones.
• Argentina: La autonomía de la voluntad está reconocida, pero con más restricciones normativas que en otros sistemas, especialmente en el arbitraje interno. En arbitrajes domésticos, las partes pueden elegir árbitros y pactar algunos aspectos, pero el CCCN y las leyes procesales imponen varios límites: por ejemplo, no pueden pactar arbitraje en contratos de adhesión o consumo (esas cláusulas se tienen por no escritas)leyes-ar.com; tampoco pueden derogar las garantías del debido proceso (el art. 1656 CCCN prevé nulidad de convenciones que limiten pruebas o defensas de manera irrazonable). En principio, las partes sí pueden renunciar a la revisión judicial amplia: es decir, pueden acordar que el laudo sea definitivo sin apelación (cláusula de “sin recurso de apelación”), lo cual es usual y hoy día congruente con el marco legal (que de por sí solo permite nulidad). Sin embargo, no podrían renunciar por adelantado a la posibilidad de un recurso de nulidad por causales graves, ya que éstas protegen interés público (por ejemplo, un laudo ilegal o contra orden público podría anularse aun si las partes quisieran convalidarlo). Las partes en Argentina internamente también tienen limitada la autonomía en cuanto a laudos en equidad: se exige autorización expresa para que los árbitros fallen como amigables componedores, de lo contrario se presume que deben aplicar el derecholeyes-ar.com. Esto muestra un proteccionismo del legislador para evitar arbitrajes “injustos” por equidad sin que las partes lo supieran. En contraste, en el arbitraje internacional (Ley 27.449), la autonomía de las partes es prácticamente plena: pueden elegir sede, idioma, reglas, ley sustantiva, número de árbitros, etc., sin más cortapisas que las garantías básicas de debido proceso. La Ley 27.449 enfatiza la prioridad de la voluntad de las partes, por ejemplo, en cuanto al procedimientomarval.com y la designación de árbitrosmarval.com, y solo aplica normas supletorias en ausencia de acuerdo. Tampoco contiene las prohibiciones del CCCN respecto de contratos de adhesión o participación del Estado, dado que se circunscribe a arbitraje comercial entre privados en sede argentina. Por ende, podría ocurrir que una cláusula arbitral en un contrato de adhesión internacional sí sea válida bajo la ley internacional, aun si entre partes argentinas idéntica cláusula sería nula internamente – esta dicotomía es tema de debate doctrinal. En suma, Argentina reconoce la autonomía privada en arbitraje, pero en el plano interno la reduce considerablemente por razones de tutela de partes más débiles y de ciertas materias, mientras que en el plano internacional se alinea con el estándar liberal de la Ley Modelo, confiando en que las partes empresariales ajustarán el proceso a sus necesidades.
• Estados Unidos: El modelo estadounidense se caracteriza por amplísima autonomía de las partes, apenas limitada por consideraciones muy puntuales. Las partes son libres de pactar prácticamente todo: pueden decidir arbitrar cualquier disputa civil patrimonial (incluso derechos estatutarios, como reclamos antitrust, discriminación laboral, etc., ya que la jurisprudencia ha validado el arbitraje de casi todas las materias arbitrables, salvo excepciones estrechas). Pueden escoger la institución arbitral administradora (AAA, JAMS, ICC, etc.) o un árbitro ad hoc, delinear el alcance del arbitraje (por ejemplo, excluir ciertas materias o remedios), acordar el foro/sede del arbitraje y la ley sustantiva aplicable al fondo, e incluso modificar procedimientos: por ejemplo, pueden limitar el discovery, establecer plazos cortos para laudar, o acordar mecanismos de apelación privada (hay cláusulas que establecen un “appellate arbitration” ante otro panel, válidas entre partes aunque los tribunales estatales/federales no participen en esa apelación privada). Sin embargo, hay límites que provienen de la FAA y la jurisprudencia: las partes no pueden ampliar las bases de revisión judicial del laudo más allá de las que prevé la FAA (intentos de pactar que un tribunal pueda revisar errores de derecho del árbitro han sido rechazados por tribunales por contravenir la política de finalización del arbitraje). Tampoco pueden privar a los tribunales de toda facultad, pues la FAA reserva ciertas intervenciones mínimas (por ejemplo, una cláusula que dijera “no habrá jamás recurso a ningún tribunal” no podría impedir que, si una parte se niega a arbitrar, la otra acuda a la corte a compel arbitraje). En cuanto a desequilibrios de poder, la autonomía en EE.UU. ha permitido los llamados forced arbitration clauses: cláusulas impuestas por una parte en contratos de adhesión. Si bien la regulación no las prohíbe, en la última década se han alzado voces críticas y algunas respuestas normativas – como la ley de 2022 que prohíbe el arbitraje forzoso de acoso sexualtvazteca.com – que limitan esa autonomía en áreas específicas. Asimismo, algunas defensas contractuales generales pueden invalidar una cláusula arbitral abusiva, por ejemplo bajo la doctrina de “unconscionability” (cláusula “leonina” o abusiva que un tribunal estatal podría declarar nula si impone condiciones exorbitantes al consumidor). En términos generales, no obstante, la premisa es que las partes pueden diseñar su procedimiento arbitral a medida, y los tribunales harán cumplir ese diseño. La FAA incluso permite que las partes deleguen al árbitro decidir sobre la arbitrabilidad de la disputa (es decir, si su propio acuerdo abarca el caso), algo reconocido jurisprudencialmente si el convenio lo indica claramente. En resumen, la autonomía privada en el arbitraje estadounidense es de grado máximo; solo se ve acotada por necesarias garantías de mínimo proceso justo y recientes iniciativas legislativas para proteger ciertos derechos en contextos de evidente disparidad (consumidores, empleados no sindicalizados en temas sensibles, etc.). Aun con esas salvedades, el arbitraje en EE.UU. sigue siendo un proceso contractualizado, donde la regla general es honrar lo acordado por las partes.

Principales Desafíos Normativos y Críticas Doctrinales

• México: Pese a contar con un marco legal moderno y generalmente eficaz, el arbitraje en México enfrenta algunos desafíos y reflexiones críticas. Uno de los históricos – la duda sobre su compatibilidad con la Constitución – quedó resuelto con la reforma de 2008 que reconoció explícitamente al arbitraje en el texto constitucional, disipando objeciones de que violaría el derecho de acceso a la justicia o la facultad exclusiva del Poder Judicialcdei.itam.mx. No obstante, persisten desafíos prácticos: la necesidad de mayor capacitación de jueces locales para que, al intervenir en apoyo o control del arbitraje, apliquen correctamente los principios pro-arbitraje. Si bien en las dos últimas décadas los tribunales mexicanos han desarrollado jurisprudencia favorable (por ejemplo, confirmando que el árbitro es competente para decidir su jurisdicción y delineando los alcances del “orden público” como causal de nulidad), aún se señalan casos de dilación vía amparo. Algunas partes derrotadas interponen juicios de amparo indirecto contra laudos o contra decisiones judiciales relacionadas, buscando prolongar el cumplimiento del laudo. La Suprema Corte ha emitido criterios para evitar el abuso del amparo en contra de laudos privados (confirmando que solo procede amparo contra la sentencia judicial definitiva en nulidad o ejecución, mas no contra el laudo per se), pero en la práctica estos procesos pueden demorar la ejecución unos meses adicionales. Otra cuestión es la dualidad normativa federal-local: dado que el Código de Comercio solo regula arbitraje mercantil, las disputas civiles entre quienes no tengan carácter “comerciante” técnicamente se rigen por los códigos estatales, algunos de los cuales están desactualizados o ni siquiera contemplan claramente el arbitraje. Esto provoca incertidumbre sobre si ciertas controversias “civiles” (p. ej. entre particulares por arrendamientos no comerciales) pueden arbitrarase con la misma seguridad jurídica. Algunos autores abogan por unificar el régimen arbitral en México abarcando cualquier materia disponible, o por lo menos incentivar que los estados adopten leyes modelo alineadas, para evitar lagunas. En la práctica, muchos arbitrajes “civiles” se canalizan como “mercantiles” al alegar conexión con comercio, sorteando ese escollo, pero normativamente el tema subsiste. Igualmente, se discute sobre la arbitrabilidad de contratos con entes públicos: si bien el Código de Comercio aplica a arbitrajes “públicos o privados”camex.com.mx y hoy es aceptado que dependencias gubernamentales pueden someter disputas contractuales a arbitraje, hubo controversias en el pasado. Ahora la Ley de Adquisiciones, Obra Pública y otras contemplan expresamente el arbitraje en contratos del Estado, pero con ciertas condiciones (como obtener autorizaciones). La doctrina también señala como reto el alcance del control judicial del orden público: asegurar que los jueces no utilicen el concepto de orden público para reexaminar el fondo del laudo. Hasta ahora, los tribunales federales han sido cautelosos – la nulidad por contravenir el orden público mexicano se ha invocado rara vez y solo ante violaciones graves a la legalidad o moral básicas. A futuro, el reto es mantener ese equilibrio para que México siga siendo visto como sede confiable de arbitraje internacional, con mínima intervención judicial. Finalmente, a nivel divulgación, se identifica la necesidad de difundir más la cultura arbitral entre empresas medianas y sectores locales, pues el uso del arbitraje aún se concentra en transacciones internacionales o grandes contratistas, siendo subutilizado para disputas domésticas medianas que podrían beneficiarse de él. Este no es un problema legal sino cultural/educativo, pero influye en que el potencial del marco normativo no se aproveche plenamente. En síntesis, la evaluación doctrinal del régimen mexicano es positiva – se le considera congruente con estándares internacionales –, señalándose como principales desafíos la armonización total con la Ley Modelo 2006 (por ejemplo, reglamentar con mayor detalle las medidas cautelares por árbitros, lo cual podría requerir una reforma), la uniformidad federal-local y continuar fortaleciendo la confianza en la figura arbitral frente a los órganos jurisdiccionales.
• Argentina: El panorama argentino presenta críticas doctrinales más marcadas, en especial hacia la normativa interna previa a 2018. Respecto del arbitraje doméstico, numerosos juristas han cuestionado la postura restrictiva del CCCN de 2015. La exclusión absoluta de materias de consumo y contratos de adhesión del arbitrajeleyes-ar.com, si bien motivada por proteger al débil contractual, fue considerada por algunos exagerada y contraproducente. Se argumenta que bastaba con invalidar cláusulas arbitrales abusivas caso por caso, en lugar de un veto general que impide incluso arbitrajes potencialmente beneficiosos para consumidores o pequeños empresarios (por ejemplo, arbitrajes administrados por entes públicos con garantías, como el arbitraje de consumo voluntario). Un artículo doctrinal calificó de “desatinada” la vinculación que el legislador hizo entre contratos de adhesión y arbitraje, sugiriendo que se demonizó al arbitraje como inherentemente perjudicial en esos contextos. Esta política restrictiva contrasta con la de otros países latinoamericanos, lo cual podría restar atractivo a Argentina como sede arbitral en ciertos sectores. No obstante, otros defienden que esas limitaciones reflejan la tradición jurídica argentina de desconfianza hacia el arbitraje en ámbitos donde hay interés social (consumidores, trabajadores), evitando la “privatización” de la justicia en áreas sensibles. Otro foco de crítica era la antigüedad de las normas procesales: hasta la ley 2018, los procedimientos arbitrales estaban regidos por códigos de rito de los años 60, pensados para un arbitraje ad hoc de otra época, con formalidades y plazos poco prácticos (por ejemplo, el brevísimo plazo de 5 días para impugnar un laudomarval.com, considerado irreal para casos complejos, o la falta de previsión sobre medidas cautelares arbitrales, etc.). Esta situación, unida a ciertos precedentes judiciales adversos, generó por años un escenario poco amigable: se solía decir que “Argentina no era un país arbitralmente amigable”. De hecho, previo a 2015, hubo decisiones de la Corte Suprema (e.g. José Cartellone c. Hidroeléctrica Norpatagónica, 2004) que dieron preferencia a la jurisdicción judicial local por sobre cláusulas arbitrales internacionales, amparándose en tecnicismos, lo que fue mal visto internacionalmente. Afortunadamente, con la entrada en vigor del CCCN y sobre todo de la Ley 27.449, Argentina ha encaminado una reforma pro-arbitraje. La ley de 2018 fue celebrada como una señal de apertura y seguridad jurídica para inversiones, al adoptar los principios universalmente aceptados (kompetenz-kompetenz, autonomía de la cláusula, validez del convenio, neutralidad). Sin embargo, la implementación de un sistema dual plantea desafíos: la convivencia de normas internas restrictivas con la ley internacional podría generar litigios sobre qué régimen aplicar en ciertos casos fronterizos (¿qué sucede si un consumidor argentino presenta un caso contra una empresa extranjera: prima la protección del CCCN o la Ley 27.449 por ser “internacional”?). Hasta ahora, la distinción ha sido clara en la ley (comercial internacional vs materias excluidas internas), pero será tarea de los tribunales delinear bien los ámbitos para evitar contradicciones. Otra crítica que se ha hecho a la Ley 27.449 es haber introducido modificaciones al texto modelo que algunos consideran discutibles: por ejemplo, no permitió acuerdos arbitrales verbales (cuando la tendencia moderna es flexibilizar la forma), acortó el plazo de anulación a 30 días (que si bien busca celeridad, podría considerarse demasiado breve en casos complejos), y no incluyó la posibilidad de que las partes pacten considerar internacional un arbitraje que técnicamente sería doméstico (cláusula opt-in de internacionalidad que la UNCITRAL Model Law permite). No obstante, estas diferencias no afectan la esencia del modelo y fueron vistas como adaptaciones menores. En el arbitraje doméstico, un desafío pendiente es modernizar los códigos procesales locales en línea con la ley internacional, para eliminar inconsistencias. De hecho, el Gobierno impulsó en 2021-2022 un proyecto de nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que incorporaría también reglas arbitrales más actualizadas, aunque a la fecha no se había aprobado. Otro punto crítico es la actitud judicial y cultural: tras décadas de relativo desuso del arbitraje interno, tomará tiempo que jueces, abogados y partes confíen más en este mecanismo. Persisten ciertos recelos, por ejemplo, sobre la ejecución de laudos contra entes públicos locales (donde los fiscales de Estado a veces objetan arbitrajes aduciendo inmunidades o necesidad de controles). También la demora judicial crónica en Argentina es un problema: si bien el arbitraje pretende evitar la lentitud de la justicia, si luego un laudo requiere homologación o nulidad ante tribunales que tardan años en resolver, ese beneficio se pierde. La doctrina ha instado a crear salas judiciales especializadas en arbitraje que actúen con prontitud en esos trámites. Finalmente, influye el contexto económico-legal: Argentina ha enfrentado casos resonantes de arbitraje internacional de inversión (CIADI) con resultado adverso tras la crisis de 2001, lo cual generó por momentos una imagen negativa del arbitraje en la opinión pública (confundiéndose arbitraje de inversión con arbitraje comercial). Esto ha requerido un esfuerzo de pedagogía jurídica para distinguirlos y resaltar las ventajas del arbitraje comercial como herramienta de negocios y no amenaza a la soberanía. En resumen, Argentina se encuentra en una etapa de transición normativa: las críticas al viejo régimen están siendo atendidas con la nueva ley, pero quedan desafíos de armonización (entre régimen interno restrictivo y régimen internacional liberal) y de cambio de mentalidad en los operadores jurídicos para fomentar un entorno realmente favorable al arbitraje en todos los niveles.
• Estados Unidos: El sistema de arbitraje estadounidense, pese a su fortaleza y aceptación, tampoco es ajeno a críticas doctrinales y retos legislativos. La principal controversia proviene del uso masivo del arbitraje en contratos de adhesión con consumidores y empleados, fenómeno que se intensificó a partir de los años 1990. Diversos sectores académicos y de la sociedad civil han denunciado que el llamado mandatory arbitration (arbitraje obligatorio impuesto por una empresa en, por ejemplo, un contrato de tarjeta de crédito, servicio de internet o contrato laboral) puede lesionar derechos de los consumidores/trabajadores al privarles del juicio público y del recurso a acciones colectivas. En 2015, una serie de reportajes en The New York Times expuso casos de abusos, generando amplia repercusiónfernandezrozas.com. Entre las críticas concretas están: la posible desigualdad de armas (se alega que empresas “reincidentes” pueden preferir ciertos árbitros, creando un sesgo estructural), la falta de transparencia (muchos arbitrajes son confidenciales, ocultando patrones de conducta corporativa indebida), la imposibilidad de entablar class actions (demandas colectivas) debido a cláusulas que lo prohíben – algo validado por la Corte Suprema en casos polémicos (AT&T v. Concepcion, 2011; American Express v. Italian Colors, 2013) – y la idea de que derechos laborales o de consumo, de naturaleza pública, queden relegados a un foro privado sin las garantías del proceso judicial. En particular, se destacó el problema de “arbitraje de consumo colectivo”: se dieron situaciones donde un proveedor con cláusula arbitral enfrentaba múltiples reclamos y algunos árbitros consolidaron procedimientos similares a class actions, metiendo a consumidores que no firmaron para eso, lo que fue criticado como indefensión para esos consumidores ausentesfernandezrozas.com. La comunidad jurídica se ha dividido: muchos defienden que el arbitraje bien regulado ofrece ventajas (rapidez, menor coste, informalidad) incluso para consumidores, mientras otros sostienen que en disputas de bajo monto o relaciones asimétricas, el arbitraje favorece al fuerte. Legislativamente, ha habido intentos de reformar la FAA. El más amplio es el “Fair Arbitration Act” (propuesto repetidamente en el Congreso) que buscaría excluir del arbitraje forzoso los casos de consumo, empleo, antitrust y derechos civiles, devolviendo la voluntariedad real a esos arbitrajes. Hasta ahora, no se ha aprobado a gran escala, pero sí se han logrado leyes puntuales: por ejemplo, en el sector financiero tras la crisis de 2008, la Consumer Financial Protection Bureau reguló contra ciertas cláusulas (aunque luego revertido); y recientemente, como se mencionó, en 2022 se promulgó la ley que prohíbe el arbitraje forzoso de reclamaciones de agresión/hostigamiento sexualtvazteca.com, la cual tuvo apoyo bipartidista. Asimismo, algunos estados han intentado legislar prohibiendo arbitraje forzoso en contratos de consumo o ciertas cláusulas (California, por ejemplo), aunque tales leyes estatales suelen ser declaradas preempted (pre-emptadas) por la FAA en tribunales federales, manteniéndose la supremacía federal. Otro desafío es el costo del arbitraje: si bien se promocionó como económico, en disputas pequeñas las tarifas arbitrales pueden ser onerosas (los árbitros cobran honorarios, a veces las instituciones cobran administración), y críticos dicen que esto puede desalentar reclamos de bajo monto (aunque muchas cláusulas en EE.UU. contienen provisiones de que la empresa pagará costos del arbitraje para mitigar esto). En cuanto a la falta de recurso amplio, algunos señalan que la imposibilidad de apelar errores de hecho o derecho del árbitro puede llevar a injusticias sin remedio, especialmente en disputas con implicaciones de políticas públicas (por ej., una errónea aplicación de una ley antidiscriminatoria en un laudo no puede ser corregida y podría dejar una violación impune). No obstante, los defensores replican que esa finality es necesaria para que el arbitraje cumpla su rol, y que las partes siempre pueden acordar revisión arbitral interna si desean (varias instituciones ofrecen mecanismos de apelación arbitral privada). En la esfera del arbitraje internacional comercial, las críticas son menores dado que EE.UU. es visto como modelo pro-enforcement; sin embargo, sí hubo cuestionamientos en arbitraje de inversiones (ISDS), pero eso escapa al marco de la FAA (se relaciona con tratados). Vale mencionar que la jurisprudencia estadounidense ha debido equilibrar cuestiones complejas como arbitraje y derechos estatutarios (asegurando, por ejemplo, que arbitrar no signifique renunciar a derechos sustantivos otorgados por ley, según el caso Mitsubishi v. Soler, 1985) y arbitraje y grupos no signatarios (permitiendo en ocasiones que terceros puedan ser compelidos o beneficiarse de acuerdos arbitrales por teoría de estoppel o agencia, lo cual ha sido criticado por algunos puristas). En conclusión, el principal frente doctrinal en EE.UU. es cómo preservar el arbitraje voluntario como herramienta eficaz sin que se convierta en un mecanismo impuesto que disminuya la tutela efectiva de ciertos derechos. Las recientes reformas indican una tendencia a intervenir quirúrgicamente cuando se percibe abuso (como en acoso sexual), pero es probable que el debate continúe en torno a consumidores y trabajadores. A pesar de las críticas, la FAA en general ha sobrevivido intacta casi 100 años, y los tribunales (incluyendo el Supremo) siguen mostrándose reacios a limitar su alcance, manteniendo a EE.UU. como un foro firme para el arbitraje comercial. Las críticas han servido, eso sí, para fomentar mejores prácticas: hoy muchas empresas ofrecen arbitraje gratis o procesos simplificados al consumidor para evitar la apariencia de inequidad, y existe mayor escrutinio sobre posibles sesgos de árbitros, lo que redunda en códigos de ética más estrictos. Así, el sistema continúa evolucionando buscando un balance entre autonomía privada y protección de derechos públicos.

Comparación Sintética de los Marcos Normativos